La oposición comienza a hablar de la posibilidad de sancionar al senador colorado Luis Pettengill debido a que sus empresas proveedoras siguen ligadas al Estado. Sin embargo, para la liberal Celeste Amarilla asegura que tomar como referencia la ley de conflicto de intereses es "lo menos grave", ya que lo que ocurrió con el empresario es una transgresión directa a la Constitución.

La ley en cuestión solo prevé sanciones como multas u otras medidas, en tanto que violar la Constitución implica la pérdida de investidura. "La violación de la Constitución es mucho más grave que la violación de la ley de conflicto de intereses o la ley de la función pública. Por la violación de la Constitución, el senador debe perder la investidura, sin embargo, por la violación de la ley de conflicto de intereses, hay solo una multa", comparó la legisladora.

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Para Celeste, su par no debió ni llegar a ser candidato por la inhabilidad prevista en la Constitución, pero al no ser impugnado en su momento, solo queda la pérdida de investidura, como señala el artículo 201, que establece como causal violar el régimen de incompatibilidades e inhabilidades. El artículo 196 de la Constitución, en tanto, señala que ningún senador o diputado podrá ser parte de empresas que sean proveedoras de Estado.

El senador Luis Pettengill y el presidente de la ANDE, Félix Sosa.

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Con un documento de Abogacía del Tesoro, la parlamentaria expuso que el 16 de marzo de 2023, Pettengill vendió sus acciones en la empresa Ocho A SA a sus hijos por USD 5 millones cada uno. "El plazo que da la Constitución es de 90 días antes de la inscripción de su candidatura, y él recién lo hizo 45 días antes, según se constata en documentación de Abogacía del Tesoro", añadió la liberal.

Otro elemento contra Pettengill es que su empresa Frigorífico Guaraní mantiene contratos con el Estado hasta fin de año por valor de G. 25.000 millones, en provisión de alimentos para los ministerios de Justicia e Interior

Otro elemento contra Pettengill es que su empresa Frigorífico Guaraní mantiene contratos con el Estado hasta fin de año por valor de G. 25.000 millones, en provisión de alimentos para los ministerios de Justicia e Interior.

Las irregularidades saltaron luego de que Amarilla denunciara que el senador participó de la votación, pese a todos sus intereses, de la ley de medidas extraordinarias en la que se prevé la emisión de bonos por USD 600 millones para el pago a proveedoras, entre las que figura su empresa Ocho A.

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Otro hecho cuestionable es que Pettengill está interesado también en la construcción del nuevo aeropuerto en el predio del Silvio Pettirossi.  El titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, confirmó que presentaron sus propuestas la española Sacyr y la empresa constructora Ocho A del senador colorado.

El empresario argentino Eduardo Eurnekian, interesado en el aeropuerto de Asunción.

Tanto Pettengill como Sacyr ya formaron parte de obras del gobierno de Mario Abdo Benítez. El senador pertenece a la bancada disidente, aunque en la práctica mantiene muy buenas relaciones con el oficialismo, con el que comparte intereses empresariales.

El senador pertenece a la bancada disidente, aunque en la práctica mantiene muy buenas relaciones con el oficialismo, con el que comparte intereses empresariales

Pettengill tiene una denuncia por sobrefacturación por la obra de duplicación y ampliación de la ruta PY02, que precisamente está a cargo de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este SA, un consorcio conformado por Sacyr y Ocho A. Uno de los denunciantes, Ricardo Canese, explicó que la obra en principio costaría USD 500 millones, pero terminó costando al Estado USD 816 millones, tras varias adendas.