Petropar presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles tras la paralización de las obras del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera ubicada en la ciudad de Mauricio José Troche, departamento de Guairá. El proyecto inconcluso no solo precipitó la crisis con los cañicultores, sino que volvió a enfrentar al Gobierno con Mario Abdo Benítez. 

El tren debía estar operativo en 2023, con el objetivo de aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero las obras quedaron frenadas. La empresa Estructura Ingeniería (EISA) se hizo con la licitación durante la gestión de Denis Lichi al frente de Petropar, en el gobierno de Marito. Entonces, el actual gobernador de Cordillera era parte del abdismo, pero el triunfo de Santiago Peña lo acercó al cartismo. 

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"Se hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público. Básicamente se focaliza en lo que sería la ejecución del proyecto", explicó Roberto Acuña, jefe de gabinete de Petropar. El proyecto tiene problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de la caña y sus subproductos, según Eddie Jara, titular de Petropar. Además, la administración actual de la estatal sostiene que hubo daño patrimonial, aunque no mencionó el monto en cuestión.

 Se hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público. Básicamente se focaliza en lo que sería la ejecución del proyecto 

La obra empezó con EISA, propiedad del empresario Alberto Palumbo, y luego fue otorgada a Ocho A del senador colorado Luis Pettengill. La planificación inicial estuvo a cargo de la primera firma, mientras la segunda terminaría de ejecutar el proyecto, pero hasta el momento el nuevo tren de molienda sigue sin funcionar, lo que motivó a los cañicultores a emprender un tractorazo hasta Asunción.

Eddie Jara, presidente de Petropar.

Según la denuncia, Petropar pretende una "búsqueda de la verdad a fin de evitar que la conducta siga causando sus defectos". También solicita a la Fiscalía que se realicen todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Lo cierto es que el Gobierno y los cañicultores llegaron a un "principio de acuerdo", es decir, la pelota está en la cancha de Peña y Jara.  

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Petropar "ha abonado y está expuesta a tener que seguir realizando pagos por una obra que se ha visto sujeta a cambios del originalmente previsto y a demoras, pero sobre todo con serias posibilidades que esta no podría funcionar". Aparentemente hay una necesidad de volver a invertir alrededor de USD 30 millones para el funcionamiento de la molienda.

El Gobierno y los cañicultores llegaron a un acuerdo con la condición de que Petropar presente en no más de 30 días una nueva propuesta de tren de molienda, un reclamo que se viene dando desde hace tiempo y derivó en movilizaciones por parte de los pequeños productores de Guairá y Caaguazú.