
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este miércoles en que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la playa de Barú. El mandatario también vinculó al exfiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, y al agente Mario Burgos con la presunta protección a Marset, lo que habría permitido que el caso quedara inconcluso.
Petro ya había insinuado en noviembre pasado que el responsable de ordenar la muerte de Pecci era un "gran narcotraficante con conexiones dentro de la Fiscalía colombiana". Ahora fue más directo tras apuntar que Marset, socio del narco colombiano Julio Lozano Pirateque, fue eliminado del proceso judicial en Colombia gracias a la intervención del fiscal Burgos.
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Según el mandatario, Burgos apartó del caso a Marset pese a que existían indicios claros de su vinculación con el crimen de Pecci. Además, Petro afirmó que Lozano Pirateque, que opera desde Dubái, enfrenta actualmente una guerra con los esmeralderos colombianos por el control de las minas y lo señaló como parte de una estructura criminal con intereses en diversas actividades ilícitas.
El presidente colombiano también alertó sobre un intento de atentado en su contra luego de que un dron chocara con un avión de Avianca. Tras las investigaciones, dijo Petro, se determinó que no había sido un simple incidente, sino parte de un plan que pondría en riesgo su vida.
Algunas versiones periodísticas en Colombia sugieren que Petro aprovechó la denuncia para criticar a la administración judicial y cuestionar los nombramientos en la Fiscalía. En ese contexto, volvieron a surgir los nombres de Jarvis Chimenes Pavão, Jaime Franco y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico", como presuntos autores intelectuales del asesinato de Pecci, en colaboración con Marset.
Mientras tanto, las fiscalías de Paraguay y Colombia mantienen un equipo especial de investigación sobre el caso. Sin embargo, las críticas en Paraguay se concentran en la gestión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a quien se le reprocha la falta de avances, la reserva en el manejo de información y la exclusión de la familia de Pecci en el proceso investigativo.
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Las declaraciones de Petro vuelven a poner el foco de la investigación del maginicidio en Colombia y el rol de la propio Fiscalía. Con Marset aún prófugo y nuevas acusaciones emergiendo, la presión sobre las autoridades sigue en aumento, tanto para las colombianas como para las paraguayas.
La investigación dio un giro luego del asesinato de Francisco Luis Correa Galeano. En su agenda de bolsillo se encontraron anotaciones que vinculaban a Insfrán y Marset con en el homicidio de Pecci. Correa Galeano fungió como el encargado de coordinar a los sicarios que concretaron el magnicidio y, a cambio de colaborar con la justicia, había firmado un acuerdo con la Fiscalía de Colombia para que le redujeran su condena.
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