Paraguay y Argentina dieron esta semana un paso clave al poner en marcha las conversaciones formales en la comisión bilateral especial encargada de definir la soberanía de 72 islas ubicadas en el río Paraguay, en una franja sensible de la frontera compartida. El trabajo, según dijeron fuentes diplomáticas paraguayas a LPO, avanza en un clima de cooperación y con la intención explícita de cerrar un acuerdo que permita despejar una zona que durante décadas quedó atrapada entre ambigüedades jurídicas y silencios diplomáticos.

Se trata de islas estratégicas, hoy deshabitadas, pero con potencial para obras futuras y para el desarrollo de actividades productivas como la pesca, tanto para comunidades paraguayas como argentinas. En ese marco, la determinación de la soberanía se apoya en criterios científicos y técnicos, lejos -al menos por ahora- de cruces públicos que suelen acompañar este tipo de disputas.

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El antecedente central que guía las negociaciones es el tratado de 1876 que estableció el principio de adyacencia como criterio rector de la territorialidad, es decir, que la soberanía corresponde al país cuya costa se encuentre más próxima. Bajo ese marco jurídico, la comisión binacional avanza en un relevamiento minucioso que busca traducir un acuerdo del siglo XIX a la compleja realidad geográfica actual del río Paraguay.

Para ello, técnicos de ambos países realizan mediciones topográficas de precisión con el objetivo de determinar distancias exactas entre las islas y las márgenes ribereñas. En paralelo, se analizan mapas antiguos y documentación histórica para tener en cuenta los cambios hídricos que el río experimentó con el paso del tiempo.

Los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Pablo Quirno.

Desde la Cancillería paraguaya señalan que la Comisión Demarcadora de Límites es la encargada de coordinar las tareas por parte de Asunción, en articulación con sus pares argentinos. El foco está puesto en las 72 islas ubicadas frente a la provincia de Formosa y departamentos paraguayos vecinos, una zona donde la línea fronteriza nunca terminó de cerrarse del todo en los hechos.

A diferencia de otros procesos bilaterales, en este caso no hay plazos definidos ni cronogramas rígidos. Las partes coinciden en que el documento final solo se firmará si existe consenso pleno, una señal de que el tema se maneja con cautela para evitar tensiones innecesarias en una relación que combina cooperación estructural con episodios recurrentes de fricción.

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Esos antecedentes pesan en la mesa. Uno de los más sensibles es el conflicto en torno a la isla Apipé, en el río Paraná, donde autoridades provinciales de Corrientes acusaron en reiteradas ocasiones a Paraguay de "alterar los límites" y de ejercer un control que afecta la comunicación, circulación y el comercio de los isleños con el resto de la provincia de Corrientes, especialmente con Ituzaingó.

El historial incluye incidentes como el ocurrido en octubre de 2018, cuando embarcaciones identificadas como fuerzas militares paraguayas interrumpieron un concurso de pesca cerca de la costa argentina, lo que motivó pedidos formales de intervención de la Cancillería argentina.

Más recientemente, el conflicto volvió a escalar en el contexto de la represa binacional Yacyretá y el apagón de septiembre de 2023, lo que explica por qué, esta vez, ambos gobiernos apuestan a un abordaje técnico y silencioso para evitar que las islas del río Paraguay se conviertan en un nuevo foco de tensión política.