Ocupaciones
Peña veta el proyecto de Remansito y se agranda la grieta con el clan Núñez
El rechazo a la ley fue una derrota para Bachi en su propio feudo, Villa Hayes. El presidente se desmarca del escándalo y crece la división dentro del oficialismo.

Para el clan Núñez, que domina las instituciones de Presidente Hayes hace décadas, el veto al proyecto que desafecta 131 hectáreas de la finca 916 de Remansito es una derrota que no reconocen y en la que siguen operando.

Lo más complicado para el clan que lidera Bachi Núñez es que el golpe final lo dio el mismo presidente Santiago Peña al objetar la normativa impulsada por el jefe de la bancada de Honor Colorado en el Senado y ordenar la recuperación de las tierras.

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La grieta en el oficialismo, que coloca de un lado al Ejecutivo de Peña y del otro al clan Núñez y los que responden a Horacio Cartes, se agrandó y tomó notoriedad. Bachi, en tanto, sigue defendiendo los argumentos de la desafectación aunque ahora no tenga más alternativa que apoyar públicamente el veto para no agravar el escándalo de las ocupaciones de los Jardines de Remansito.

El senador Bachi Núñez.

Sin embargo, su hija, la joven concejala de Villa Hayes, Sol Núñez, exigió durante la última sesión de la Junta Municipal que el proyecto sea promulgado tras sostener que el gobierno estaba actuando mal y que Peña desconocía la situación de Remansito.

En el mismo sentido, el intendente del distrito, Luis López, también pidió que las tierras sean transferidas de forma inmediata a la Municipalidad, respaldándose en dos decretos presidenciales que establecían la desafectación de la fracción de Jardines de Remansito, que forman parte de las 131 hectáreas en diputa por el proyecto vetado, y que a su vez están dentro de las 9.000 hectáreas de la finca 916.

El veto cuestiona que no se den los nombres de los beneficiarios de la zona ribereña ni de las demás fracciones de la finca que no forman parte de los ocupantes de altos recursos sino que son precarios

El decreto de Peña expone argumentos contundentes que dejan por el piso al proyecto de Bachi: señala que la norma no fundamenta cuál es el interés social de la desafectación y cuestiona a los beneficiarios indicados en el texto.

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"Sin explicar o justificar qué interés social o general se vería atendido por el traspaso de la propiedad a dichas personas, siendo por lo demás un hecho público y notorio que las mismas distan de reunir los requisitos para ser beneficiarias de una medida absolutamente excepcional como es el traspaso de la propiedad pública a manos privadas, debiendo limitarse dichas situaciones a la necesidad de satisfacer un interés social, general o público legítimo", refuta el veto presidencial.

Beto Ovelar, presidente del Senado.

Igualmente, el texto cuestiona que no se den los nombres de los beneficiarios de la zona ribereña ni de las demás fracciones de la finca que no forman parte de los ocupantes de altos recursos sino que son precarios. Por último, resalta un elemento clave que es la ubicación estratégica para la defensa nacional, ya que está cerca de la zona fronteriza y es una propiedad del Ministerio de Defensa.

"El proyecto de ley tampoco se encuentra respaldado por un una evaluación técnica y objetiva que acrediten la aptitud de finca para el cumplimiento de la finalidad social declarada, pero no explicitada, por el mismo", expresa el veto.

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