El presidente Santiago Peña promulgó este miércoles la ley que establece límites a los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos, en un guiño a las víctimas de la llamada "mafia de los pagarés".

Los colorados comienzan a interesarse en un problema que fue atendido primero por la oposición, mientras la hipótesis de un posible juicio político a los ministros de la Corte crece en los pasillos del Congreso.

El oficialismo no descarta el juicio político a la Corte para frenar la crisis desatada por los pagarés

El mandatario anunció la decisión a través de su cuenta de X. "Promulgué la Ley N° 7564, una norma que nace del compromiso con quienes cada día sostienen al Estado con su trabajo", escribió.

La iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre legisladores y el Ejecutivo, establece "límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos, protegiendo su derecho a disponer plenamente de su ingreso y garantizando el sustento de sus familias".

Pedro Alliana. 

Peña enfatizó que se trata de "una medida orientada a erradicar prácticas injustas que durante años vulneraron ese principio y comprometieron el bienestar de numerosas familias". La promulgación ocurre en un contexto de creciente escándalo por los casos de sobreendeudamiento mediante la llamada "mafia de los pagarés".

Este lunes, el caso de la docente Liz Prieto elevó la problemática a un nivel nunca antes alcanzado, al revelarse que debe alrededor de 3000 millones de guaraníes por un crédito que originalmente había sido para comprar un microondas en 2016.

El caso de la docente Liz Prieto elevó la problemática a un nivel nunca antes alcanzado, al revelarse que debe alrededor de 3000 millones de guaraníes por un crédito que originalmente había sido para comprar un microondas en 2016

La sensibilidad del tema llevó al precandidato colorado abdista Arnoldo Wiens a declarar en un mitin político que en Paraguay "se vive una pandemia económica" y se está pasando por "una crisis de valores que se ve bien ejemplificada por las estafas de los pagarés".

Este mismo miércoles, otro precandidato colorado, el vicepresidente Pedro Alliana, concedió una entrevista a Carlos Báez en Ñanduti donde también se refirió al tema y repudió "la manera en la que funciona el poder judicial actualmente". Las críticas se concentran en la presunta complicidad de jueces y magistrados con el sistema de ejecuciones irregulares.

El Poder Judicial se encuentra bajo escrutinio público debido a las numerosas ejecuciones que se realizaron sin la notificación correspondiente de los juzgados, lo que presume complicidad por parte de algunos sectores de la cúpula judicial. Esta crisis, que afecta a más de 2000 personas directamente, motivó a organizaciones de la sociedad civil a pedir expresamente el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Fuentes internas del Partido Colorado confirmaron a LPO que, si bien por el momento no hay ningún procedimiento formal iniciado, internamente se maneja con fuerza la posibilidad de impulsar un juicio político contra los ministros del máximo tribunal. La presión social y política parece estar aumentando en esta dirección.

La nueva ley representa no solo una medida de protección laboral, sino también una respuesta política a una crisis institucional que conmovió al país. Otras dos propuestas siguen en el Congreso: la creación de un depósito de documentos y una regulación al proceso de ejecución de pagarés.