Dentro del paquete de ajustes a la normativa laboral que rige para unos 320 mil trabajadores del Estado, el presidente Santiago Peña promulgó la ley del Servicio Civil tras su aprobación en el Congreso. Mientras, desde el Frente Sindical de Funcionarios Público, que aglutina a más de 70 sindicatos de estatales, y la Central de Trabajadores, evalúan las medidas a tomar a partir de febrero para evitar lo que perciben como una avance sobre el Código Laboral.

Entre las primeras medidas prometen un tsunami de acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por violar expresamente artículos de la Constitución que "limitan" la sindicalización de los funcionarios y el derecho a huelga. Sin embargo, la ley libera de los controles a los funcionarios contratados bajo el régimen de "cargo de confianza" y excluye de todo tipo de evaluación a los empleados del Poder Judicial y del Legislativo.

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Los más de 320 mil funcionarios públicos dependían de la ley 1626/ 2000. Hoy, ya con la vigencia de la nueva norma, el presidente pretende profesionalizar el servicio público a través de un marco jurídico con "reglas claras" que garanticen el ingreso por mérito y fomenten la transparencia. Desde el Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Educación, Rubén Irala admitió que las recomendaciones hechas por escrito al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, e impulsadas en el Senado, no fueron tenidas en cuenta por el "gabinete de empresarios", como retrató al Gobierno.

Carlos Fernández Valdovinos. 

Senado

"Estamos evaluando qué medidas tomar desde el Frente Sindical. Como primera medida se avanza en la presentación de una serie de acciones de inconstitucionalidad para evitar su aplicación. Este es un gobierno de empresarios como el de Cartes. Ninguna modificación que solicitamos se hizo por parte de Andrea Picasso, que es solo un eslabón que no tiene influencia en las negociaciones", indicó Irala en alusión a la viceministra de Capital Humano y Gestión. 

La ley se divide en dos partes: la función pública y la carrera del servicio civil. En relación con la primera se definen criterios generales para todas las instituciones, mientras que la segunda regula el ingreso, la promoción y el desempeño de los servidores públicos.

La ley libera de los controles a los funcionarios contratados bajo el régimen de 'cargo de confianza' y excluye de todo tipo de evaluación a los empleados del Poder Judicial y del Legislativo

Irala sostuvo que el Gobierno avanza sin pausa en la precarización de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, y que las últimas expresiones del ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, acerca de eliminar el salario mínimo simplemente fue un globo sonda para medir el nivel de reacción de las organizaciones sindicales.

Javier Giménez.

En ese sentido, Mirta Arias, presidenta del Centro Unitario de Trabajadores (CUT). advirtió al Gobierno que los próximos meses serían de movilización. "Esta ley no le beneficia absolutamente a nadie. Las leyes se tienen que respetar y cumplir. Nuestra Constitución garantiza el pago del salario mínimo en su artículo 92. Este es un gobierno pro empresarial que quiere poner contentos a su amigos", apuntó.

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Los gremios de trabajadores y funcionarios públicos coinciden en que el hartazgo social se verá reflejado en las calles más temprano que tarde, lo cual permitirá rever la posición del presidente de querer avanzar sobre derechos establecidos en la Constitución.