
Santiago Peña ignoró todas las alertas internacionales y los pedidos de la sociedad civil. Como ya se anticipó, promulgó este viernes, un dÃa antes de su cumpleaños 46, la controvertida ley de control a las organizaciones sin fines de lucro.
La normativa establece que la reglamentación debe concretarse dentro de las dos semanas de haberse promulgado, y esto es lo único que esperan las organizaciones no gubernamentales articuladas para llenar la Corte Suprema de Justicia de acciones de inconstitucionalidad.
El cartismo retiene la ley anti ONG en el Congreso y le da tiempo a Peña
La "Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)" está en manos ahora de Carlos Fernández Valdovinos, que con el Ministerio de EconomÃa, debe reglamentar la normativa para que entre en vigencia, junto con el Equipo Nacional Estrategia PaÃs (ENEP).
Las organizaciones, además de accionar ante la Corte, ya comenzaron a enviar información a las relatorÃas de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque esto último, observando las experiencias en otros paÃses que aplicaron la ley, no tuvo mayor efecto.
El cartismo esperó más de un mes como maniobra de dilación para entregar el proyecto del Congreso al Ejecutivo. El gobierno de Joe Biden presionaba por su veto pero la victoria de Donald Trump en Estados Unidos empoderó a los referentes de Honor Colorado, que con este paso comienzan a dar vÃa libre a la norma.
Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de...— Santiago Peña (@SantiPenap) November 15, 2024
La ley atenta contra la libertad y derecho de asociación, es lo que coinciden los distintos organismo internacionales. Además, desde el cartismo, utilizaron la narrativa del control y la transparencia para iniciar una persecución a las ONG crÃticas al gobierno y a los medios de comunicación y periodistas por sus trabajos de investigación, como sucede en paÃses donde ya exige la legislación. El mismo proyectista Gustavo Leite admitió en un audio filtrado que se busca el debilitamiento del sector y reconoció que hay condiciones para una inconstitucionalidad.
La ley establece la obligación de rendir cuentas de los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados, esto último, como forma de sobreexigencia ya que otras instituciones ya hacen este control.
También se crea el Registro de Organizaciones sin fines de Lucro tanto nacionales como internacionales y se prevén sanciones como la inhabilidad de la institución.
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