El presidente Santiago Peña habló este lunes luego de la segunda cumbre de poderes que se realizó en el Palacio de López y reafirmó el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción. El mandatario pidió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que trabaje en una modificación de su reglamento interno para prohibir a sus miembros reuniones informales con jueces y fiscales.

El encuentro duró más de dos horas y contó con la participación de las cabezas de los tres poderes -el presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, el titular de Diputados, Raúl Latorre, y el jefe de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel-, el fiscal general Emiliano Rolón y el contralor Camilo Benítez. Los participantes firmaron un documento que ratifica el acuerdo rubricado en agosto de 2023, que derivó en la ley de integridad y prevención contra la corrupción, que comenzará a implementarse de inmediato. 

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"El Consejo Anticorrupción que crea esa ley se instalará en los próximos días", adelantó Peña. El presidente había sido duramente criticado desde que el presunto esquema de tráfico de influencias que compromete a funcionarios del Poder Judicial con Orlando Arévalo y el diputado fallecido Eulalio 'Lalo" Gomes, entre otras figuras, saliera a la luz.

El mandatario eligió el silencio e incluso había dicho que "no era el momento para hablar de esos temas". En el escrito leído en el Palacio de López, las máximas autoridades se comprometieron a respetar la libertad de prensa y, además, dejaron en claro que las acciones no buscan beneficiar o perjudicar a un parido político en especial. "La ley debe caer sobre los que alteraron el orden jurídico y estos no pueden quedar sin sanción", prometió Peña.

La ley debe caer sobre los que alteraron el orden jurídico y estos no pueden quedar sin sanción

Peña también aclaró que las instituciones deben funcionar en esta crisis y hacer su rol sin que se apresuren los tiempos procesales. En esa parte del comunicado, los firmantes se refieren a que las formas deben protegerse, aludiendo a las denuncias que tiene el juez penal de garantías Osmar Legal, denunciado por supuestamente direccionar las filtraciones y haber incurrido en prevaricato.

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Esta mañana, el abogado Guillermo Duarte, defensor de Arévalo, recurrió al Ministerio Público con la denuncia a Legal. El juez resiste críticas por haber adelantado temas a personas externas a la investigación y no hacer parte a los afectados. Además, la orden judicial que emitió para el allanamiento a la casa de Gomes en agosto culminó en el asesinato de una autoridad pública.