La salida de Lea Giménez marca un quiebre para el gobierno de Santiago Peña, que comienza a transitar su segundo año con un recambio pendiente de ministros y una hoja de ruta enfocada en conseguir inversiones y desplegar las políticas trazadas desde agosto de 2023. Pero el presidente tiene una tarea todavía más urgente: rearmar a su equipo de confianza de cara a los obstáculos que van apareciendo en el camino.
A diferencia de otros países de la región, donde la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es casi automática y sin muchas diferencias, sobre todo cuando el primero cuenta con mayoría en el segundo, el Congreso paraguayo se mueve de manera más libre, con menos ataduras, y hasta con una agenda propia. Pese al desbalance, algunos proyectos como la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y la ley de Hambre Cero se concretaron gracias a la articulación con las bancadas cartistas de ambas cámaras.
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Sin embargo, algunos escándalos en el Congreso terminaron salpicando al gobierno, desde la apropiación de tierras en Remansito, que generó fricciones con el ahora titular del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, la contratación de parientes, muchas veces con nula experiencia y sueldos exorbitantes para sus tareas, que involucró al vicepresidente Pedro Alliana y a otras figuras destacadas del Partido Colorado, como Silvio "Beto" Ovelar, hasta los exabruptos de Yamil Esgaib o la situación judicial de Erico Galeano, defendido por Peña.
Ahora el Congreso avanza con una comisión de investigación antilavado que despierta sospechas en la oposición, así como semanas atrás lo hizo con una ley para controlar a las ONG, una iniciativa que se emparenta con la batalla que dio el cartismo en torno al convenio educativo con la Unión Europea el año pasado, y que se tradujo en una crisis diplomática con Bruselas. El episodio le asignó un nuevo rol informal de bombero al canciller Rubén Ramírez Lezcano y por momentos obligó al presidente a plegarse a las posturas más intransigentes de su base parlamentaria.
Al margen del Congreso, Peña se anotó logros en cuanto a recaudación tributaria, crecimiento económico -con el grado de inversión como corolario de su plan económico-, materia energética (el acuerdo por Itaipú fue definido como "histórico" por el gobierno), control penitenciario y pago de deudas heredadas de la administración anterior. En la nueva etapa que empieza la clave pasará por destrabar grandes obras desde el MOPC y concretar inversiones del exterior que redunden en más puestos de trabajo, una promesa de campaña, y mayor estabilidad para la macro.
Aun así, el Congreso es fundamental para varios pendientes que se arrastran hace décadas. La reforma del transporte público y el saneamiento del sistema de salud y de los servicios básicos requerirá de la colaboración de los diputados y senadores. En estos puntos y otros deberá calibrar la velocidad que el gobierno necesita para no estancarse y desgastar al presidente. Sin embargo, algunas veces los legisladores priorizan su agenda, enfrascados en sus debates y sus fricciones internas, sin advertir los apremios del Ejecutivo.
Otro problema para la planificación y el día a día de la gestión está en las exigencias del Partido Colorado, que encuentran su eco en los departamentos y en las lealtades regionales que se dan en el Congreso y, a su vez, se retroalimenta de los reclamos de la dirigencia. Con más o menos pericia, Peña intenta salir del paso, como demostró con la centralización de los fondos para el alimento escolar, si bien tuvo que enfrentarse con los gobernadores e intendentes, o su plan de austeridad en la administración pública, sin abrir cupos para las bases que ruegan por cargos en el Estado.
Peña tampoco se dejó torcer el brazo en el quizás sea la línea roja de su gobierno, es decir, la política exterior. El presidente se encargó de los temas sin resolver con Argentina a través de un acercamiento con Javier Milei, pese a las quejas de algunos legisladores, recompuso el vínculo bilateral con Venezuela a meses de las elecciones que dieron un triunfo cuestionado a Nicolás Maduro y privilegió los temas compartidos con Estados Unidos para acercarse a la Casa Blanca, que pasa por la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
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Pero Peña trastabilló con una prueba de fuego que le puso su mentor y líder del Partido Colorado, Horacio Cartes. La ratificación de las sanciones a Tabesa lo forzaron a pedir que se acelerase la partida de Marc Ostfield. El embajador apenas disimuló el regocijo durante el anuncio, pero el presidente intentó resistirse a la respuesta, que terminó con la salida de Lea y la sobrexposición de Lezcano. Con todo, Peña no se rinde y parece dispuesto a ensayar un difícil equilibrio entre las presiones de su partido, el contexto internacional y la propia dinámica de su gobierno y la política paraguaya.
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