El oficialismo está haciendo tiempo mientras resuelve el dilema sobre la ley de conflicto de intereses. Hay mucho en juego y este jueves la ContralorÃa otorgó una nueva prórroga hasta el 30 de abril ya que el primer plazo concedido para presentar las declaraciones juradas de intereses vencÃa el viernes.
Hay indecisión en el seno de la Presidencia. Santiago Peña tiene la ley en su poder hace dos semanas y no hay ni promulgación ni veto. "Le tiene al ángel y al diablo hablándole al oÃdo. Algunos le dicen que vete y los polÃticos, que promulgue", indicó a LPO una fuente cercana al oficialismo.
Pero el presidente no puede vetar la ley porque confrontarÃa con toda la estructura colorada que tiene familiares en el Estado, contratos y negocios, además de cargos que funcionan como puertas giratorias.
La ley actual sanciona tanto el nepotismo como las puertas giratorias, dos figuras que afectan al cartismo, además de los choques entre intereses privados y públicos. Por ese motivo se presentó un nuevo proyecto que mutiló a la ley vigente, se adaptó y cambió a medida, y fue sancionado por el Congreso el 13 de diciembre. Peña aún espera para promulgar.
Las aguas no están calmas por los escándalos que afectaron a figuras del gobierno y de la oposición como Pedro Alliana, Silvio "Beto" Ovelar, Domingo Adorno, Roya Torres y Ramón Retamozo, entre otros, por tener a sus hijos con contratos privilegiados en Diputados, lo que tocó fuerte a Raúl Latorre, que autorizó las contrataciones como presidente de la cámara.
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Además, con la ley actual deben declarar sus negocios y hasta los ministros estarÃan afectados, ya que varios ingresaron al gabinete como puertas giratorias tras desempeñarse como gerentes de empresas ligadas a Horacio Cartes.
Este nuevo revés en materia de lucha contra la corrupción pone una vez más del otro lado a Camilo BenÃtez, que está en contra de las modificaciones de la ley de conflicto de intereses. Lo que se suma al veto a la ley que evitaba que los entes eludieran a la ContralorÃa al presentar sus rendiciones de gastos solo al Tribunal de Cuentas, un acto que el contralor considera una forma de blanqueo con complicidad de la Corte Suprema.
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