Santiago Peña tuvo que decidir entre el control y el peso de la estructura que administra los recursos públicos de manera dudosa. Sin publicar el decreto, el presidente vetó el proyecto de ley que eliminaba la facultad del Tribunal de Cuentas de recibir informes de gastos y obligaba a las instituciones a rendir solo a la Contraloría.

La idea del proyecto era que los entes, que son un centenar, dejen de puentear a la Contraloría, blanqueando así su ejecución de gastos. El interés está en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue la que obligó a Peña a vetar la norma.

Diputados retiene la ley que evita saltarse la rendición de cuentas por decisión de Latorre

Se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la ley 879/1981 del Código de Organización Judicial que regula el Tribunal de Cuentas. El circuito de este proyecto fue el siguiente: el contralor Camilo Benítez se erigió como padrino y los entonces diputados liberales Carlos María López, Édgar Acosta y Jorge Ávalos Mariño lo presentaron el año pasado, durante el periodo legislativo anterior.

El Congreso le dio sanción el 6 de setiembre pasado, pero Raúl Latorre lo retuvo por tres meses porque comenzaron las presiones. El presidente de Diputados recién informó al Ejecutivo el 4 de diciembre, y Peña vetó la ley el 13 de diciembre.

Camilo Benítez. 

Contraloría

Fuentes del Palacio contaron a LPO que los ministros de la Corte se reunieron con el contralor para pedirle que dejara de presionar por la aprobación de la ley. Para Benítez, la Corte es cómplice del blanqueo de las cuentas de las instituciones que evitan el control.

En su decreto, Peña explicó que cuando recibió el proyecto pidió su parecer a la Corte, que le recomendó el veto porque la ley era inconstitucional. El presidente cedió y ganó la Corte en la puja entre la Contraloría y Tribunal de Cuentas.

La clave está en la relación entre la CSJ y el Tribunal. César Emilio Diesel Marín fue elegido a finales de noviembre juez del Tribunal (por la circunscripción de la capital) por el organismo que preside su propio padre, César Diesel. La Corte optó por él aunque estaba casi al final de la terna de candidatos por su bajo puntaje y está afiliado al Partido Colorado, algo que la ley prohíbe. 

Fuentes del Palacio contaron a LPO que los ministros de la Corte se reunieron con el contralor para pedirle que dejara de presionar por la aprobación de la ley. Para Benítez, la Corte es cómplice del blanqueo de las cuentas de las instituciones que evitan el control

En esencia, lo que hace el proyecto es eliminar la traba que impide que la Contraloría ejerza el control total de las instituciones, un centenar de las cuales presenta acciones de inconstitucionalidad contra la ley que la faculta a auditar, alegando esta normativa. Estas son principalmente la Corte, la Fiscalía, la Justicia Electoral, gobernaciones y municipalidades como Asunción. La modificación sancionada delimita en su composición y funciones al Tribunal de Cuentas y especifica que no podrá evaluar la ejecución de los gastos públicos.

El hecho es grave porque estos entes se saltan a un órgano constitucional como lo es la Contraloría. Ávalos Mariño denunció que se busca garantizar la impunidad ante un eventual delito. "El Tribunal de Cuentas ha servido para que las instituciones operen en impunidad. Al remitir a esa instancia nunca hay resultados y hace que la Contraloría nunca pueda auditar. Hay más de 100 instituciones en esa situación", apuntó.