Santiago Peña confirmó este viernes que su gobierno trabaja en el plan de lucha contra la corrupción que fue elaborado ya en la primera semana de haber asumido tras una cumbre de poderes convocada con premura, un domingo por la tarde en Mburuvicha Róga, apenas cinco días después de haber jurado el cargo.
De hecho, el presidente señaló que el Ejecutivo está recibiendo propuestas con elementos "muy interesantes" desde el Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía y otros organismos del Estado. Además, Peña indicó que el contralor Camilo Benítez hizo un adelanto de sus ideas. Pero entre toda esta planificación, el desafío real será resolver los casos que afectan directamente al movimiento político oficialista, empezando por el mismo Horacio Cartes.
Recientemente, el abogado Pedro Ovelar, defensor de Cartes, confirmó que se encuentran trabajando con un equipo de abogados de Estados Unidos para que el gobierno de ese país retire, por un lado, la designación de "significativamente corrupto" que le ha endilgado la administración Biden, y por otro lado, en un proceso distinto, que sean eliminadas las sanciones económicas que afectaron a sus empresas y proyectos de inversión.
En paralelo, la defensa del líder de la ANR acaba de contratar a otro grupo de abogados en Colombia para deslindar al exmandatario del crimen del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, luego de que el testigo "estrella" de la causa lo mencionara como supuesto autor moral junto a Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico". El entorno de Cartes y la dirigencia colorada ve la mano de Washington detrás de la acusación de Francisco Luis Correa Galeano.
El oficialismo contiene en sus filas graves casos de corrupción, entre los más sonados, el proceso por lavado de dinero y asociación criminal que afronta el senador Erico Galeano y por el que se encuentra en prisión domiciliaria. Peña le había solicitado que se ponga a disposición de la justicia, pero desde aquel entonces su defensa recurrió a varios recursos dilatorios y el legislador recibió un permiso para ira la sesiones del Congreso.
Del mismo modo, la Fiscalía abrió una causa para investigar el caso Remansito, en el que se favoreció con tierras públicas a 17 ocupantes de elevados recursos. La Procuraduría respondió a un pedido de informe del Ministerio Público sobre este hecho, que tiene como protagonista al senador Basilio "Bachi" Núñez, quien presentó el proyecto de ley que desafectaba la finca 916 y enlistó a estos pobladores como beneficiarios.
Peña debió vetar la normativa y ahora los investigadores buscan enmarcar los hechos punibles, que podrían ser invasión y lavado de dinero, entre otros delitos. El accionar de sus legisladores, varios cercanos al líder partidario, es un dolor de cabeza vox populi dentro del Ejecutivo, pero en el gabinete la duda ya se convirtió en una preocupación: cómo hará el presidente para mostrar avances reales en la lucha contra la corrupción con Cartes como figura omnipresente en la ANR.
En el núcleo chico de Cartes no ven un problema para el gobierno. El líder y empresario confían en su defensa y en que los vientos políticos en EEUU -el año próximo hay elecciones presidenciales- pueden terminar por quitarle el mote de corrupto y lo que ven a todas luces como una persecución. Como sucedió esta semana en Venezuela, los intereses estadounidenses pueden girar a favor de Cartes.
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