La decisión de incluir a la Gobernación de Alto Paraná, liderada por César "Landy" Torres, en la lista de administraciones regionales a excluir del programa Hambre Cero fue interpretada por el Consejo de Gobernadores como una declaración de guerra.
El movimiento terminó activando los contactos entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados con un objetivo claro: bloquear el intento de recentralizar los recursos del alimento escolar en el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Tadeo Rojas, y evitar que el programa insignia del presidente Santiago Peña quede atrapado en una disputa polÃtica.
La frase que llegó desde Mburuvicha Róga fue contundente: "Yo lo voy a vetar si pasa". Y esas palabras funcionaron como un alivio para los jefes departamentales. El mensaje frenó, al menos de momento, la avanzada de un grupo de senadores liderados por Silvio "Beto" Ovelar y asesores del entorno presidencial que empuja una reforma para rediseñar el esquema de administración del programa que alimenta a más de un millón de alumnos.
Según deslizaron fuentes de Presidencia a LPO, detrás del debate por Hambre Cero se libran dos disputas simultáneas. La primera es polÃtica. Sectores cercanos al gabinete impulsarÃan la recentralización de los recursos en Desarrollo Social para concentrar la adjudicación de contratos con proveedoras como Ladero SA y Comepar SA.
La segunda batalla es territorial. Desde la implementación del programa, los gobernadores colorados lograron fortalecer su presencia en sus departamentos gracias a la gestión directa del almuerzo escolar. Quitarles ese control implicarÃa frenar uno de los pocos instrumentos de expansión polÃtica que hoy tienen los jefes regionales.
Los datos del Ministerio de Educación, encabezado por Luis RamÃrez, refuerzan el argumento de los gobernadores para defender su rol en el programa. El ausentismo escolar, que antes de la implementación de Hambre Cero rondaba el 25%, cayó a menos del 10% a nivel nacional. A la par, el sistema educativo sumó más de 57 mil nuevos estudiantes respecto al registro de matriculación de 2025.
Las cifras alimentan la defensa del esquema descentralizado, justo en un momento en que varias gobernaciones enfrentan denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución del programa. El lobby se centra ahora en el Ejecutivo, a quien los gobernadores lograron arrancar la promesa del veto presidencial, y en Diputados, que deberá aprobar o rechazar el texto que viene del Senado. El Consejo quiere evitar que el proyecto llegue siquiera a las manos de Peña.
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"Sin la participación de los gobiernos regionales, la aplicación de Hambre Cero va a ser imposible de ejecutar", advirtió Marcelo Soto, jefe polÃtico del departamento de Caaguazú, durante una conferencia de prensa convocada por el Consejo de Gobernadores esta semana.
Mientras tanto, los gobernadores activaron conversaciones con diputados para asegurar el rechazo al proyecto. Si la iniciativa regresa al Senado, bastará una mayorÃa simple para aprobarla. En ese escenario, la decisión final quedarÃa en manos de Peña, quien ya dejó trascender que vetará cualquier intento de modificar el esquema actual por considerarlo una amenaza al programa mismo.
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