El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, denunció públicamente que políticos de Alto Paraná lo apretaron para que remueva al responsable de aduanas del Puente de la Amistad, Gustavo Soto, encargado de los controles anticontrabando. Santiago Peña respaldó al titular de la DNIT, aunque puso paños fríos con el gobernador Landy Torres.

Según Orué, los nuevos mecanismos implementados en el Puente de la Amistad causaron el enojo de los llamados "paseros". Uno de los políticos que no escondió su disconformidad fue el propio gobernador de Alto Paraná, que pidió ubicar a funcionarios de su confianza en la aduana esteña y agilizar los controles.

La instrucción que le di a Soto fue que se termine el contrabando en el Puente de la Amistad

Concejales y comerciantes acusan a Soto de perjudicar a los trabajadores que se mueven en la frontera, pero Orué dijo que se descubrió un esquema de ingreso de artículos de contrabando -pollos y azúcar, entre otros- que involucra a políticos de la zona. "La instrucción que le di a Soto fue que se termine el contrabando en el Puente de la Amistad", apuntó.

Orué aseguró que no era la primera vez que dirigentes esteños criticaban los controles fronterizos y recordó que cuando tuvo que defender su presupuesto para este año, los legisladores de Alto Paraná presentaron objeciones porque habrían funcionarios que "cobraban coimas". El disgusto con Soto es tal que el jueves los concejales lo declararon "persona no grata".

Landy Torres, gobernador de Alto Paraná. 

Gentileza

Pese a las presiones, el director de aduanas del Puente de la Amistad sigue en su puesto. El presidente salió a respaldar la gestión de Orué, uno de los funcionarios más valorados por el gobierno. La intención de crear la DNIT, una de las primeras medidas adoptadas por Peña, era lograr el aumento de la recaudación a través de la disminución de la evasión impositiva. En el Ejecutivo consideran que Orué va por el buen camino.

Orué contó que había recibido videos de concejales en los que adelantaban que estaban por considerar a Soto persona no grata. Un aspecto que molestó a los que forman parte del esquema de contrabando fue el cambio de funcionarios de la zona por personas que no son de Ciudad del Este. La medida adoptada por Orué tiene su lógica: es más fácil sobornar a personas que son conocidas en la ciudad que a aquellas que vienen de afuera.

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Además, los sumarios administrativos tampoco se realizarán en Ciudad del Este para garantizar que el control se efectivo, y en cambio se harán en Asunción o comisionarán a funcionarios para que vayan a la capital paranaense.

Después de que Peña bajara línea y oficiara de mediador, Torres y Orué mantuvieron una reunión para "limar asperezas" y acordar un nuevo sistema de trabajo que no perjudique a paseros, fleteros y pequeños importadores que trabajan legalmente.  "Nosotros no estamos en contra de los controles, pero se tienen que realizar en forma", sostuvo el gobernador.