La Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, presentó este su informe final ante el Congreso. El documento, dividido en ocho tomos, fue elaborado en un periodo de nueve meses y está centrado principalmente en denuncias contra las ONG vinculadas a la cooperación internacional y el supuesto financiamiento político irregular.

No hubo acciones concretas, más que solicitar políticas públicas de transparencia, levantar el secreto de actuación y reproches a instituciones. Durante la entrega, Amarilla aseguró que el trabajo fue "imparcial" y denunció que algunos medios de comunicación intentaron desacreditar a la comisión con ataques sistemáticos. Lo cierto es la CBI sirvió al cartismo para presionar por una ley que impusiera más controles a las ONG, que Santiago Peña promulgó a mediados de noviembre. 

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El resumen ejecutivo del informe, de 76 páginas, incluye acusaciones contra organizaciones financiadas por USAID (ahora extinta por decisión de la administración Trump), pero no menciona a empresas como Tabacalera del Este (Tabesa) ni a estructuras cercanas al oficialismo como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), a la que incluso se la califica como "transparente".

Una de las acusaciones centrales apunta directamente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a la que Dionisio responsabilizó de no entregar información clave requerida por la comisión. "No colaboraron con datos relevantes, especialmente sobre operaciones de importación de armas y otros temas sensibles", señala el documento.

En respuesta, el titular de la DNIT, Óscar Orué, dejó en claro que la institución que encabeza se rige por principios de confidencialidad y resguardo de procesos en curso. "La comisión solicitó todo tipo de información, pero no se puede compartir información privilegiada sin que se vulnere el marco legal. Actuamos conforme a derecho", dijo a LPO.

La comisión solicitó todo tipo de información, pero no se puede compartir información privilegiada sin que se vulnere el marco legal. Actuamos conforme a derecho

Además, Orué negó que exista desinterés de la DNIT sobre la importación de armas, como sugiere el informe. Desde la sociedad civil, las críticas no se hicieron esperar. Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), aseguró que la CBI no respetó los plazos de entrega y que, pese a las denuncias, "no encontraron absolutamente nada ilícito en el eje sobre lavado de activos y financiamiento político vía ONG".

El senador Gustavo Leite.

LPOLucas Núñez

"Si hubieran tenido la más mínima prueba, habrían denunciado a la Fiscalía. Pero solo montaron un circo", sostuvo Santagada. El informe también cuestiona el uso de fondos por parte de la USAID, alegando que el 71% se destinó a salarios sin resultados concretos. Con todo, en el mismo documento la CBI admite que no hay pruebas sólidas que sustenten estas afirmaciones.

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Santagada ironizó que en el segundo eje del informe -sobre tráfico de armas- "los legisladores recomendaron trabajar con DIMABEL, sin siquiera mencionar que esa institución fue señalada en una reciente investigación -Operativo Dakovo- como corrupta". El tercer eje del informe critica al Banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, aunque omite que el Banco Central del Paraguay sancionó en su momento al BNF por casos similares, sin consecuencias debido a la prescripción de las sanciones.

Esta selectividad en las acusaciones generó más cuestionamientos sobre la imparcialidad de la comisión, que también integraron los colorados Gustavo Leite y Colym Soroka. Amarilla respondió en tono burlesco a Santagada en su cuenta de X, a través de la cual minimizó sus críticas y lanzó ataques personales. "A llorar al muro de los lamentos, Santacagada", escribió el senador.

El informe de la CBI será remitido a la Fiscalía, aunque hasta ahora no se anunciaron acciones judiciales concretas. El documento, que no aborda casos emblemáticos como Tabesa o los fondos discrecionales de Itaipú, deja dudas sobre la verdadera intención del trabajo investigativo y pone en evidencia una fuerte tensión entre sectores del Congreso, las instituciones públicas y la sociedad civil.