A Ultranza, el mayor operativo desarrollado en Paraguay para desarticular una banda internacional de tráfico de cocaína a Europa y África, puso al descubierto la forma en la que el dinero sucio proveniente de estos crímenes ingresó al sistema financiero utilizando, por ejemplo, al fútbol como vía de blanqueo de capitales.
Según la Fiscalía, el deporte fue uno de los primeros atajos que tomo el prófugo Sebastián Marset para darle una fachada lícita a sus negocios, y a través de los cuales estuvo en contacto con otros investigados en la causa. Entre ellos está el propio senador Erico Galeano, expresidente del Deportivo Capiatá.
Durante su fugaz paso por el "feudo" de Erico, durante el cual hizo generosas contribuciones mediante "Total Cars", una de las empresas adjudicadas al capo narco uruguayo por los investigadores, Marset pagó USD 10 mil al conocido exjugador de Cerro Porteño Julio Irrazabal por su puesto en el equipo.
En la acusación contra Galeano, el Ministerio Público reveló que éste habría invertido más de G. 10 mil millones en el Club Deportivo Capiatá de dinero proveniente de las actividades ilícitas de Marset.
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Ante esta situación no resulta extraño el hecho de que Marset haya recurrido, de acuerdo a la Fiscalía, a Galeano para subsanar la falta de aeronaves con la que tropezaba la organización ante la incautación masiva de sus aviones, operación realizada por Marcelo Pecci, posteriormente asesinado en Colombia.
Pero la carrera deportiva de Marset no acabó ahí, porque luego de su paso por Capiatá fue a parar al club Rubio Ñu de Asunción, donde según los investigadores incluso intervino en la contratación de Ezequiel Santoro -otro de los implicados en su esquema- como técnico del club.
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Este último hoy tiene un pedido de extradición de los Estados Unidos y está vinculado con el caso del avión iraní que fue detenido en Buenos Aires y que había estado por Paraguay arrendado para llevar cigarrillos de Tabesa, empresa vinculada a Horacio Cartes.
Durante su estadía en Rubio Ñu, Marset había salpicado al presidente de la institución, el general retirado Gustavo Dávalos, entonces asesor de Fuerzas Militares, además de exasesor del Consejo de Defensa Nacional (Codena), quien incluso, según había mencionado en 2022 la propia ministra de la Senad Zully Rolón, estaba en la mira de la investigación de A Ultranza.
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Si bien Dávalos no fue formalmente procesado, la Senad había advertido que la firma "Total Cars" había dado auspicio a varios clubes, por lo que no se descartaba la participación de los directivos en el esquema de lavado de dinero, entre ellos el presidente de Rubio Ñu.
Dávalos había sido nombrado como asesor jurídico de la Fuerza Aérea en 2023 durante la administración del general Arturo González, procesado por su supuesta participación en el esquema de Diego Dirisio, desmantelado en la Operación Dakovo. Además, como "asesor de asesores" había acompañado a una reunión al general Aldo Ozuna -también procesado en Dakovo- entonces titular de Dimabel.
Tras su vinculación con A Ultranza, Dávalos había sido apartado de su cargo de asesor jurídico de las Fuerzas Militares, por el cual incluso formaba parte del Codena y llegó a integrar el tribunal de Justicia Militar. Actualmente ya no forma parte del Codena, según confirmó a LPO el contraalmirante Cibar Benítez, titular del organismo.
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