La intención del ministro del Interior de que las personas privadas de su libertad trabajen fue calificada de "inviable". Es que el nivel de corrupción en las cárceles y la falta de recursos para aplicar el proyecto de reinserción hacen que la idea sea una declaración de buenas intenciones o una cortina de humo -según lo plantee el Gobierno o la oposición- que intenta tapar irregularidades en la gestión de Ángel Barchini al frente al Ministerio de Justicia.

La iniciativa de Enrique Riera se enmarca en los primeros 100 días de gobierno de Santiago Peña y busca la reinserción social de los reclusos mientras cumplen su condena. Sin embargo, los datos reales de las cárceles son lapidarios. Solo el 30% de la población penitenciaria dispone de condena fija y ejecutoriada, mientras que el 70% restante aguarda un proceso judicial que compruebe su culpabilidad. 

El Gobierno intenta recuperar el control de las cárceles y anticipa un "costo en vidas humanas"

Ante esta situación para la exministra de Justicia, Cecilia Pérez, la posibilidad de aplicar este proyecto debería esperar otros años. "Cuidado con esto. ¿Cómo vas a seleccionar quién va a salir a trabajar y cómo vas a controlar? Nosotros solo tenemos 30% de personas con condena, al procesado no podés sacarlo a pasear si no tiene clara su situación, se va a escapar" indicó a LPO.

Ángel Barchini, ministro de Justicia.

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Pérez valoró la intención del actual gobierno, pero sostuvo que solo puede ser viable si se construye una cárcel industrial. "Hoy se venden los informes médicos y judiciales para los narcos. Yo hacía un doble control. El concepto está bien pero el problema es la ejecución. Los jueces deben controlar eso. Salir a decir algo y no poder hacer es lo que te resta seriedad", explicó la ministra de Mario Abdo Benítez.

En menos de una semana, Barchini pasó de prometer que el gobierno pasaría a controlar las cárceles con un "costo en vidas humanas" a planificarlo con "cautela". Quizás influyó en este giro el hecho de que recibiera amenazas, como le trasladó a Riera y al propio presidente.

El concepto está bien pero el problema es la ejecución. Los jueces deben controlar eso. Salir a decir algo y no poder hacer es lo que te resta seriedad

"Existe un Consejo de Seguridad, no podés dar ese tipo de información o plan de forma pública. Por otro lado, se tiene que ver al personal que va a controlar a los presos porque no existen las condiciones para que salga con una tobillera electrónica. Tiene que ser parte de un régimen de semi libertad con control judicial. ¿Cuánto va a gastar el Estado? Puede ser en un futuro cercano, pero hoy no", aseguró Pérez.

Cecilia Pérez, exministra de Justicia del gobierno de Abdo.

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La "contratación" de presos para la construcción de cárceles no es una novedad, ya que para los trabajos de mantenimiento de celdas no se permite el ingreso de personal de empresas privadas. Los últimos amotinamientos en la penitenciaria de Tacumbú hicieron temblar al nuevo gabinete de Justicia ante la situación de descontrol que hoy pone en tela de juicio su capacidad. 

Riera promete ampliar el accionar de las fuerzas especiales mientras la Policía insiste en que la inseguridad es una sensación

Al asesinato del suboficial Oliver Daniel Lezcano, cuyas circunstancias siguen siendo opacas, se suma la demora en la aplicación de las tobilleras electrónicas, que recién el jueves fue reglamentada por Peña. Se trata de una de las principales apuestas de Riera y Barchini, que conforman un tándem cuestionado por los casos de inseguridad y la crisis carcelaria, a la que los ministros no logran atajar de momento.