Un grupo de funcionarios penitenciarios inició una huelga de hambre frente a la sede del Ministerio de Justicia, en reclamo a los acuerdos incumplidos sobre el aumento salarial que debía regir desde inicios de este año. 

El secretario del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sintrasei), Juan Ruiz Díaz, cuestiono al Gobierno por no cumplir los acuerdos y que la medida de fuerza fue tomada para demostrar el abandono al sistema. El aumento salarial acordado es de G. 1.500.000 y se firmó en enero de este año y, supuestamente, Nicora ahora pretende incrementar G. 900.000.

Ruiz Díaz dijo que "estamos en pleno desarrollo de la huelga de hambre. Tenemos el apoyo de todos los compañeros que están trabajando. Hace 15 años no tenemos un reajuste salarial, la mayoría de los compañeros gana sueldo mínimo y habíamos llegado a un acuerdo de un reajuste según antigüedad, el acuerdo venimos trabajando desde enero, pero ahora nos dicen que no hay plata para esto".

Otro reclamo de los funcionarios penitenciarios es la falta de pagos extra a pesar de cumplir horarios nocturnos, feriados y domingos. Tampoco cuentan con un seguro de vida. Además, más de 1.500 funcionarios penitenciarios de todo el país podrían sumarse a la huelga si no hay una respuesta del ministro Rodrigo Nicora.

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Hasta el momento no está comprometida la seguridad penitenciaria, pero si el gobierno de Santiago Peña continúa en su postura de no respetar el acuerdo, desde la próxima semana se vería afectada, especialmente si Nicora sigue sin aparecer en las negociaciones. 

Estamos en pleno desarrollo de la huelga de hambre. Tenemos el apoyo de todos los compañeros que están trabajando. Hace 15 años no tenemos un reajuste salarial, la mayoría de los compañeros gana sueldo mínimo y habíamos llegado a un acuerdo de un reajuste según antigüedad, el acuerdo venimos trabajando desde enero, pero ahora nos dicen que no hay plata para esto

En ese sentido, los funcionarios califican de "fracaso" la última reunión tripartita que se tuvo para buscar destrabar el conflicto.

Enrique Riera, ministro del Interior. 

La gestión de Rodrigo Nicora y su política carcelaria desde hace unos meses está en jaque a causa de las irregularidades detectadas en las penitenciarías del país, como es el caso de las celdas vip en Emboscada, halladas por unas juezas y que aparentemente estaban en conocimiento del Ministerio de Justicia, pero que supuestamente formaba parte de una estrategia para solucionar de raíz los privilegios de los narcos.

A finales de agosto, saltó una alerta en la cárcel de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná, luego de que se activara una de las alarmas del sistema de seguridad por un movimiento sísmico en una zona cercana a la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y miembros del Primer Comando Capital (PCC), poniendo en riesgo la política carcelería de Nicora, sobre todo después de comandar el "Operativo Umbral", destinado a reubicar presos en dicha penitenciaría.

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En marzo pasado, al menos ocho presos de alta peligrosidad se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, siendo otro golpe a la política penitenciaria de Rodrigo Nicora. Cuatro de los fugados pertenecían al Primer Comando Capital, uno al Clan Rotela y los tres restantes no respondían a ninguna facción criminal.

Posteriormente, durante la investigación, se detectó que por la falta de candados, las rejas de las celdas de la cárcel de máxima seguridad eran trancadas con esposas o cadenas. En la misma línea de la investigación, cinco funcionarios del Ministerio de Justicia fueron imputados por supuesta complicidad.