
La tierra es uno de los más grandes problemas en Paraguay y ningún gobierno logró hasta ahora ofrecer soluciones, sobre todo para las comunidades campesinas. Santiago Peña tiene como objetivo de su administración lograr orden y transparencia en los registros públicos y para ello impulsa un proyecto de ley, aunque en su presentación ya despertó dudas sobre la intención de justicia.
Uno de los proyectistas, el asesor jurÃdico de la presidencia, Roberto "Ilo" Moreno, comentó durante una entrevista con Paula Carro, vocera del gobierno, que el problema de la tierra en Paraguay se remonta a los inicios de la República y que durante la dictadura (1954-1989), Alfredo Stroessner entregó tierras públicas, que debieron ser para campesinos, a los grandes jerarcas de la época.
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El principal problema que busca solucionar el nuevo proyecto del Ejecutivo y la Corte es la superposición de tÃtulos, es decir, que varias personas reclaman una misma propiedad como dueños, lo que se da tanto en el área urbana como rural.
Moreno aseguró que son tres las grandes fuentes de superposición, y citó a la municipalidad, las loteadoras y al Indert, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. "El Indert empapeló el paÃs en los últimos 50 años, se habla de que en época de Stroessner se dio a jerarcas tierras del IBR (Instituto de Bienestar Rural, antecesor del Indert), que es cierto, pero no se dice que el papel del Indert fue triste", criticó.
Uno de los más grandes conflictos de la tierra y motivo de lucha social que hasta derivó en cuantiosas muertes de campesinos es precisamente el origen de las tierras malhabidas. Los sectores sociales reclaman hectáreas de inmuebles como propiedad del Estado para poder trabajarla y asentar sus comunidades, pero estas tierras al final quedan en posesión de grandes terratenientes, principalmente beneficiados durante la dictadura.
La Comisión de Verdad y Justicia en su informe final del 2008 reveló que casi 8 millones de hectáreas se adjudicaron ilegalmente durante y después del stronismo, entre 1954 y 2003. La conclusión fue que el 32,7% de las tierras arables pasaron a manos de personas no sujetas de la reforma agraria.
El hecho de que el ministro Moreno reconozca lo sucedido siendo proyectista de una ley que los sectores sociales y especialistas denuncian que tiene la finalidad de blanquear las posesiones irregulares tiene un gran significado.
Sin embargo, la solución que se prevé en la normativa es más que nada entablar juicios para solucionar disputas. Otro proyectista, el ministro de la Corte Suprema, Alberto MartÃnez Simón, explicó que actualmente nadie sabe cuántas hectáreas están duplicadas o triplicadas, y que la cifra oscila entre 100.000 kilómetros cuadrados y 200.000 kilómetros cuadrados, lo que se conocerá cuando la ley entre en vigencia.
El magistrado subrayó que los afectados por la superposición de tierras serán notificados, con el objetivo de que entablen una demanda y que luego un juez decida quién será el propietario final. "La ley prevé un mecanismo de notificación a las partes interesadas de modo que esas partes tengan que plantear una demanda judicial y en el juicio el juez dicte qué tÃtulo continúa y qué tÃtulo se deja sin efecto", resaltó.
La ley crea el registro unificado nacional (RUN), que básicamente une los Registros Públicos, dependiente de la Corte, con Catastro, de EconomÃa, además del Departamento de Agrimensura y Geodesia, de Obras Públicas. Los senadores de la oposición que se reunieron con Peña lograron postergar el proyecto y cerraron un acuerdo de formar una mesa de trabajo para avanzar con el proceso.
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