El Gobierno anunció hace meses el inicio de un proceso de transformación y modernización del transporte público, pero el proyecto sigue sin mayores avances. Mientras, los transportistas siguen recibiendo millonarios subsidios del Estado, que terminan pagando los contribuyentes, sin hacer mejoras al servicio.
A pesar del anuncio del plan de transformación del transporte público y las penurias vividas por los usuarios todos los días en Asunción y el área metropolitana por la mala calidad de la unidades y la frecuencia irregular en las paradas, el Ejecutivo prevé destinar USD 45 millones en concepto de subsidio el próximo año.
Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) cuestionaron la falta de avances del proyecto a cargo del Viceministerio de Transporte y advirtieron que los primeros 30 buses eléctricos que llegaron al país son totalmente insuficientes para paliar el déficit existente en el sistema público.
El precio del pasaje y la "división del negocio" demoran la reforma del transporte
"Lo que hicieron fue anunciar una reforma que no reforma nada y todo lo planteado es a largo plazo, cuando la ciudadanía ya no puede seguir soportando el pésimo servicio. Se requieren mejoras y medidas inmediatas", apuntó a LPO Griselda Yúdice, vocera de Opama.
Además, en los últimos cinco años el pago del subsidio a los empresarios del transporte creció alrededor de 568%. Solo en 2024, Santiago Peña desembolsó alrededor de USD 44 millones a los transportistas, de acuerdo a los datos del Viceministerio de Transporte, en manos de Emiliano Fernández.
A pesar de la mala calidad del servicio, denunciada por los usuarios que diariamente deben soportar las penurias del sistema, los empresarios se beneficiaron con una suma cercana a los USD 178 millones en la última década. Mientras, el plan de transformación sigue esperando: en mayo se cumplirá un año del anuncio del proyecto.
Uno de los principales desafíos es la infraestructura para la carga de los buses eléctricos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones confirmó que la instalación de los centros de carga tendrá un costo de aproximadamente G. 5.000 millones, uno en la ciudad de San Lorenzo y otro en la zona del Puerto de Asunción, pero hasta el momento ni siquiera hay señales del proceso de licitación.
Fuentes del sector privado confirmaron a LPO que la iniciativa no avanza porque los empresarios del sector no están de acuerdo con la "división del negocio". Los involucrados en el proyecto no saben si se debe a una cuestión de secretismo por parte del MOPC o porque las negociaciones con los empresarios están en stand by.
Fernández debe coordinar la implementación gradual del plan piloto, basado en integrar los nuevos autobuses al sistema actual, pero lo concreto es la llegada de los 30 buses eléctricos provenientes de Taiwán y ni siquiera se tiene una fecha definida para el inicio de las operaciones.
Entre los empresarios del transporte más beneficiados con el pago del subsidio está Juan Carlos Aveiro, propietario de Transporte y Turismo Lambaré SA (Líneas 23, 24 y 33). En su momento fue denunciado por estafa por un presunto caso de cobro indebido del subsidio, pero finalmente fue sobreseído por la justicia.
También el concejal capiateño Roberto Jiménez Ayala, junto a sus hermanos Édgar Ignacio, Víctor Hugo y Myrian Graciela, quienes figuran como propietarios de las empresas Capiatá SRL (Líneas 58 y 53), Transporte Mariscal López (Línea 38) y TTA SA (Líneas 21 y 96).
La empresaria Rolendia Peña también es una de las grandes beneficiadas con el cobro del subsidio mediante la empresa La San Lorenzana (Línea 56). La lista continúa con Elias Jure Vallejos, representante de la empresa Automotores Guaraní (Líneas 15 y 47).
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