Los periodistas sindicalizados del Grupo ABC Color emitieron un comunicado en repudio a los dichos de Enrique Vargas Peña, quien este miércoles vinculó directamente y sin pruebas a una colega del Grupo Vierci, a quien señaló por supuestamente haber recibido información privilegiada de los chats entre Lalo Gomes, políticos y funcionarios del sistema judicial. 

Los trabajadores del medio consideraron que las declaraciones de Vargas Peña fueron irresponsables y expusieron la integridad de una persona que no tiene nada que ver con la investigación. "Los y las periodistas de ABC queremos expresar nuestra preocupación ante la evidente intención de desacreditar el trabajo de investigación que en los últimos días se ha encargado de destapar casos de tráfico de influencias y presuntos nexos con el crimen organizado que involucran a altos funcionarios del Gobierno", reza el comunicado.

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Los delegados sindicales de ABC manifestaron que "el Grupo Cartes tiene su eco dentro del medio a través de Vargas Peña", quien con sus posicionamientos públicos rebajó el trabajo investigativo de sus propios compañeros y colegas de otros medios. Para los periodistas firmantes del comunicado, el hecho de que Vargas Peña haya expuesto el nombre y apellido de una persona, acusándola de haber filtrado datos a los medios, la expone a represalias, incluso del crimen organizado, no solo por su trabajo, sino por su presunta cercanía a uno de los actores claves dentro del esquema de Lalo Gomes.

El juez Osmar Legal.

Gentileza

En su programa "La Primera Mañana", Vargas Peña indicó que la información que tiene Última Hora es recibida por una de sus periodistas, que supuestamente tiene una relación con el juez Osmar Legal. "Lo estoy diciendo con nombre y apellido porque se publicó en las redes, publicaron los medios del Grupo Cartes. Hay que decir las cosas como son, yo no me voy a quedar callado. Aca hay una operación, a mi modo de ver, convertir a Osmar Legal en San Osmar Legal", apuntó Vargas Peña.

Para los periodistas firmantes del comunicado, el hecho de que Vargas Peña haya expuesto el nombre y apellido de una persona, acusándola de haber filtrado datos a los medios, la expone a represalias, incluso del crimen organizado, no solo por su trabajo, sino por su presunta cercanía a uno de los actores claves dentro del esquema de Lalo Gomes

El Sindicato de Periodistas del Paraguay también hizo un pronunciamiento sobre el caso, pero remontándose más al descrédito de la labor de los periodistas de investigación en el caso de los chats de Lalo Gomes. "Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la campaña de difamación en contra de una colega periodista, sindicada de recibir favores de un medio de comunicación a cambio de una serie de chats que revelan un esquema corrupto de la política. La falsa información desmerita el esfuerzo y compromiso de todo un equipo de investigación", dice el escrito.

Hace días, Enrique Vargas Peña sostiene en sus espacios informativos que Legal violó la cadena de custodia de la información en la investigación sobre Gomes y sus nexos con el crimen organizado y operaciones de manipulación de la justicia. Ese argumento coincide con lo que mencionan los abogados Guillermo Duarte y Óscar Tuma, defensores de Orlando Arévalo y Alexandre Rodrigues Gomes, respectivamente.

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En esa misma línea también había opinado el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien dijo que el juez penal de garantías no tenía las atribuciones para mostrar esa información ante de hacer partícipe a las partes. Sin embargo, Legal se defendió diciendo que tomó conocimiento de los chats y los presentó en correspondencia, negando las filtraciones a los medios de comunicación.