Las clases en las diferentes instituciones públicas a nivel país fueron suspendidas por los gremios docentes hasta mañana martes. La huelga busca meter presión al Gobierno de Santiago Peña para que reconsidere el incremento salarial del 3,6% y lo lleve al 5%, acorde al índice inflacionario. Esta suba está prevista inicialmente para agosto del próximo año y permitiría a los maestros alcanzar la suma de G. 4 millones como salario básico profesional.

Pero la medida de fuerza no pasa solo por el aumento de unos G. 300 mil, sino por forzar al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a que conforme una mesa técnica para discutir la reforma a la ley de jubilaciones. Los planes del MEF afectarían los años de servicio: Valdovinos evalúa "topear" la edad mínima a los 60 años cumplidos como requisito para acceder a los beneficios del aporte jubilatorio de la caja fiscal.

Según el BCP, el 70% de los paraguayos cree que la economía está peor que hace un año 

"El gobierno pone a los maestros a lo último de todo. Los policías van a sentir sus aumentos ya desde enero y nosotros recién en agosto. La medida busca adelantar el pago para enero y que el aumento sea del 5%, no el 3%. Los precios suben y el aumento no condice con la realidad que pasa la gente", dijo a LPO un dirigente de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional (UNE-SN).

Luis Ramírez, ministro de Educación.

El último aumento salarial establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fue de solo G. 93 mil, un monto duramente criticado por los trabajadores. Pero el paro docente intenta adelantarse a la jugada de Valdovinos, que no convocó a los gremios del magisterio para discutir la reforma jubilatoria que prepara la cartera de Economía.

Los maestros rechazan la idea de llevar la edad mínima a los 60 años, ya que al llegar al tiempo límite de 28 años, según la ley actual, deben seguir trabajando tres años más para conseguir el aporte jubilatorio del 83%. El acceso a la jubilación no es un proceso automático para los docentes, solo para los policías.

La medida busca adelantar el pago para enero y que el aumento sea del 5%, no el 3%. Los precios suben y el aumento no condice con la realidad que pasa la gente

"Necesitamos golpear la mesa a Valdovinos y decir estamos aquí y no vamos a permitir que avancen sin crear una mesa de diálogo sobre una ley que nos afectará a nosotros. Hoy un maestro tiene como límite 28 años para ejercer la docencia. Pero con la nueva ley se eleva la edad para jubilarse a 60 años. Es decir, por cómo van las cosas, un maestro va a llegar a los 65 o 70 años en el aula esperando jubilarse", puntualizó un docente de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP).

El Gobierno plantea una reforma de la caja fiscal para cubrir el déficit de USD 250 millones 

Otro de los objetivos de la protesta es obligar al Estado a que aporte el 50% de la jubilación, como ocurre en el sector privado. Actualmente, todo empleado aporta un 25% a su jubilación. Un 9% se descuenta al trabajador y el restante 16% lo aporta el empleador al Instituto de Previsión Social (IPS) de forma obligatoria. Sin embargo, desde Economía rechazan esta posibilidad e insisten en que hace años se viene tapando el déficit del sistema jubilatorio con impuestos, con la misión de salvar a la caja fiscal de la quiebra.

Pedro Alliana y Santiago Peña.

A la medida de fuerza se sumaron unas diez organizaciones del magisterio nacional. El acatamiento alcanzó un 90% en las instituciones públicas a nivel país. El pago de escalafón docente, uno de los compromisos del gobierno a ser abonado, supera los USD 9 millones.

El titular del MEC, Luis Ramírez, dijo que el paro le parecía una medida exagerada porque existen mesas de trabajo para discutir los asuntos que preocupan al sector, pero lo cierto es que la cartera educativa organizó una reunión de urgencia con los gremios el sábado pasado y no pudo destrabar el conflicto.

De forma paralela, los docentes critican la gestión de Ramírez por no ofrecer políticas que permitan descomprimir a los docentes de las tareas administrativas para focalizarse en mejorar la calidad educativa de cara a las próximas pruebas de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), las mismas que en 2022 detectaron que de siete de cada diez alumnos paraguayos no comprenden textos básicos.