Cada vez son más los intendentes que salen a ventilar el desacuerdo con el proyecto del gobierno de disolver el Fonacide para concentrar los recursos que van a parar al almuerzo escolar. Comunicados, cierre de dependencias, protestas y amenazas de llevar la iniciativa hasta la Corte Suprema de Justicia: es el clima que antecede a la reunión del martes entre Santiago Peña y una treintena de jefes municipales.

El presidente planteó el encuentro en Mburuvicha Róga como una oportunidad para aclarar dudas acerca del programa "Hambre cero en las escuelas", que levantó una rebelión en buena parte de las intendencias del país. La mayoría de los intendentes apoya la intención de universalizar la alimentación en los colegios, pero se resisten a perder los fondos a través de los cuales financian programas educativos, como el Arancel Cero, u obras de infraestructura.

Una alternativa pasa por redactar una ley en la que se garanticen recursos para los municipios y las dos gobernaciones que quedaron relegadas por el gobierno de Peña, Central y Presidente Hayes, en caso de que los royalties queden suprimidos, como teme la mayoría de los intendentes. El Ejecutivo sigue sin puntualizar de dónde saldrán los fondos para evitar el desfinanciamiento de los gobiernos municipales, sobre todo cuando el presupuesto para este año no estipula partidas adicionales.

La presión de los intendentes por el almuerzo divide al cartismo y pone en riesgo la ley

"Si dejan a Encarnación sin royalties estarían avasallando lo que nos corresponde por derecho propio. La descentralización es un camino sin retorno que deberíamos fortalecer y no debilitar", apuntó Luis Yd, intendente de Encarnación. Para muchos de sus pares, la idea de centralizar la provisión del almuerzo y la merienda puede marcar el primer paso en un intento por despojarlo de fondos y prerrogativas que están fijadas en la Constitución.

La vocera presidencial Paula Carro.

Presidencia de la República

Por su parte, la vocera presidencia, Paula Carro, señaló que el presidente "está muy abierto a escuchar las propuestas de todos los sectores", aunque aclaró que "el proyecto es el que está presentado". Es decir, el gobierno no moverá ninguna ficha hasta medir los límites de los intendentes y hasta dónde están dispuestos a llegar con las medidas de fuerza. En el Congreso, en cambio, el ritmo es otro.

Allí los diputados reconocen que respetarán la prioridad que Peña le otorga a la ley que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), pero que tiene que evaluarse los términos de las licitaciones -los más desconfiados sostienen que la recentralización busca abrir nuevos negociados con empresas cercanas al oficialismo-, las auditorías -la Contraloría necesita recursos para concretarlas- y la eventual compensación a los municipios.

El gobierno no moverá ninguna ficha hasta medir los límites de los intendentes y hasta dónde están dispuestos a llegar con las medidas de fuerza. En el Congreso, en cambio, el ritmo es otro

Con todo, la resistencia se refuerza en los territorios. Los 22 municipios de Alto Paraná, nucleados en la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná (Amualpa), anunciaron un cierre para el martes, al igual que lo harán los intendentes de San Pedro. Los primeros en confirmar la medida de fuerza fueron los jefes municipales de Canindeyú y les siguieron los de Cordillera. En la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) las posiciones están más divididas, pero el rechazo es mayoritario.

Peña recibió este lunes a Tadeo Rojas en Mburuvicha Roga. 

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El miércoles está prevista una reunión entre intendentes y líderes de las bancadas en el Congreso, donde los municipios llegarán con algunas exigencias, entre ellas continuar gestionando el almuerzo escolar por un año y preservar, en líneas generales, el proceso de descentralización. El gobierno avisó que eso es prácticamente imposible. Después de terminada la batalla, Peña tendrá que recomponer una relación dañada por las acusaciones de malos manejos y el retiro de fondos fundamentales en los territorios.