El arranque de 2025 está marcado por un fuerte malestar debido al aumento del costo de los peajes y las habilitaciones vehiculares. La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, tiene que lidiar con un frente de batalla en varios puntos del país, mientras que los intendentes, aglutinados en la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), también sienten la presión de los contribuyentes.

Las medidas impulsadas por la necesidad de recaudar generan un clima de tensión que amenaza con escalar. Uno de los focos más encendidos de la crisis está en Coronel Bogado, donde las protestas contra la suba del peaje terminaron en un enfrentamiento entre manifestantes y policías.

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La reunión entre la ministra y los pobladores fracasó y ahora el MOPC estudia trasladar el puesto de cobro a Coronel Delgado como única alternativa. Sin embargo, la propuesta no convence a los movilizados, que exigen la eliminación total del peaje. Centurión, con escaso margen de maniobra y bajo la sombra de dirigentes colorados de peso, busca contener el conflicto antes de que se descontrole.

En la Ecovía que conecta Luque con San Bernardino la situación no es menos tensa. A las críticas por el incremento del peaje se suma el enojo de los camioneros que rechazan la restricción de circular los fines de semana. "Esto solo favorece a los ricos que van a veranear a Sanber", reclamó el dirigente transportista Juan Villalba, quien además advirtió que las protestas podrían radicalizarse en los próximos días.

Basilio "Bachi" Núñez.

La ministra, que ya tiene suficiente presión encima, está forzada a maniobrar con cautela para evitar que la crisis se extienda aún más. Mientras enfrenta el descontento en las rutas, los intendentes también tratan de desactivar una bomba por el reajuste en el costo de las habilitaciones vehiculares.

La nueva ley, impulsada por el Ejecutivo, unificó los valores en todos los municipios, tomando como referencia el jornal diario de G. 107.627. Esta medida generó rechazo en varios sectores que denuncian aumentos demasiado bruscos que afectan directamente a los conductores. Los nuevos precios fueron difundidos por la OPACI, una organización históricamente vinculada a la estructura de poder de la ANR.

Es necesario encontrar un equilibrio para que la gente no busque alternativas fuera de su municipio

Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora y líder de la coordinadora de jefes comunales liberales, cuestionó el esquema de cobro y advirtió sobre una posible fuga de contribuyentes. "Es necesario encontrar un equilibrio para que la gente no busque alternativas fuera de su municipio", avisó.

Alcides Riveros.

Gentileza La Nación

Riveros y otros 40 intendentes tomaron distancia de la OPACI, a la que consideran una institución corrupta. La organización, que tradicionalmente estuvo controlada por Basilio "Bachi" Núñez, es objeto de cuestionamientos por el manejo de los recursos provenientes de la expedición y revalidación de licencias de conducir.

El control que Núñez ejerce sobre el sistema de tránsito se extiende más allá de la OPACI. Su influencia también alcanza a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), cuya dirección fue entregada a Félix Hernán Jiménez Castro, un funcionario cercano al presidente del Congreso.

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A pesar de que la ANTSV depende del MOPC, Jiménez Castro ya desafió la autoridad de Centurión, lo que evidenció una fractura dentro del propio Ejecutivo en la gestión de la crisis. El antecedente más claro de un intento por limitar el poder de la organización, que funciona en la práctica como una ONG, ocurrió en 2017, cuando el Senado aprobó una modificación a la ley nacional de tránsito para quitarle el monopolio del cobro de tasas municipales.

Sin embargo, la medida fue vetada por el entonces presidente Horacio Cartes, bajo la presión de Núñez y su entorno, por lo que la OPACI mantuvo el control sobre el sistema de cobros. Centurión se encuentra en una posición delicada. La falta de recursos del MOPC la obliga a tomar decisiones impopulares, pero cada medida que implementa genera más rechazo. Por otro lado, los intendentes, presionados por la OPACI y la ciudadanía, buscan deslindar responsabilidades, mientras la crispación social va en aumento.