Tras un análisis pormenorizado de la ley de control a las organizaciones sin fines de lucro, la RelatorÃa Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió una advertencia especÃfica al gobierno de Paraguay sobre el riesgo de la legislación para la sociedad civil.
Santiago Peña se demora en decidir sobre el proyecto que le fue impuesto por el sector más radical de Honor Colorado, que ya fue sancionado el pasado 9 de octubre, pero sigue en poder del Ejecutivo. La presión internacional crece cada vez más. Las alertas provienen no solo de la OEA, organismo que el canciller Rubén RamÃrez Lezcano apunta a liderar, sino también del GAFI, la ONU, AmnistÃa Internacional, entre otras organizaciones, además de los grupos que nuclean a periodistas.
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La RELE se dirigió directamente al Ejecutivo para solicitar que se tenga en cuenta los estándares de derechos humanos, ya que la ley "podrÃa obstaculizar y restringir el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay".
En el comunicado se cuestiona que la norma establezca una sobrelegislación sobre el control de fondos públicos y privados y, además, en su artÃculo 12, impide que instituciones del Estado puedan concretar acuerdos, convenios de empréstitos, donaciones u otros instrumentos jurÃdicos con organizaciones que no estén inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, como también dispone que las transferencias de recursos, bienes y servicios deberán estar "consignadas en el Presupuesto General.
"De acuerdo con reportes de la sociedad civil, esto podrÃa amenazar la autonomÃa y el financiamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos, además de ser utilizada para silenciar a opositores polÃticos y crÃticos del gobierno", apunta.
Otra crÃtica es que hasta las organizaciones extranjeras deben inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro y que existe una sobrecarga de exigencias sobre las actividades financieras que ya se contemplan en la legislación, como la documentación expuesta al ente de tributaciones o contra el lavado de dinero.
"La imposición de tales requisitos podrÃa facilitar la obtención de información sobre aspectos financieros y operativos de las organizaciones, poniendo en riesgo la privacidad y seguridad de donantes, beneficiarios e integrantes de estas organizaciones", expone.
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Recientemente, Gina Romero, relatora de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, hizo llegar a Peña una carta sobre la ley. "A pesar de que el texto del proyecto parece mejor que el original, aleja a Paraguay de los estándares internacionales de derechos humanos", manifestó Romero.
La relatora se refiere a que el proyecto original proviene de los senadores como proyectistas pero la versión sancionada corresponde al Ejecutivo, que envió recomendaciones que finalmente fueron aplicada en Diputados.
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