La ProcuradurÃa decidió embargar los bienes de los ocupantes de altos recursos que se encuentran en la zona ribereña de la finca 916 de Remansito. El objetivo es que asuman los costos de la demolición de las edificaciones que se construyeron sin permiso del Ministerio de Defensa, y que esas tierras vuelvan a su estado original.
El procurador Marco Aurelio González es quien lleva adelante la demanda y en respuesta el Juzgado resolvió decretar la prohibición de innovar en las propiedades. Con esta medida, nadie podrá hacer más cambios ni negocios.
Los cartistas aceptan el veto de Peña a Remansito y eligen no confrontar con el gobierno
A cada ocupante demandado se le pidió una suma distinta. El Juzgado ordenó que Miguel Reynal pague un monto de G. 280 millones. En tanto Horacio Melgarejo, Diego Melgarejo, Mauricio Melgarejo, Claudelina Lezcano y Fernando Lezcano deberán pagar G. 85 millones en total.
Le siguen Jorge GarcÃa y MarÃa Socorro GarcÃa, con la suma de G. 300 millones; Gumercindo Leguizamón, G. 53 millones; Ronney González, G. 120 millones; Walter Escobar, G. 53 millones; Giovanni Amaini, G. 250 millones; Damián Vázquez, G. 72 millones; Sara Alviso, G. 212 millones; Alfredo Vinader, G. 183.500.000; Daniel Gómez, G. 72 millones; Rossana RamÃrez, G. 94.500.000, y Daniel Llano, G. 27 millones.
El caso de las ocupaciones de Remansito es uno de los primeros motivos de roces entre referentes del oficialismo. Basilio "Bachi" Núñez fue quien presentó el proyecto de ley que buscaba desafectar 131 hectáreas de la finca 916 de Villa Hayes en favor de la Municipalidad, con lo que se beneficiarÃa a 17 ocupantes de altos recursos que estaban en posesión de tierras públicas pertenecientes al Ministerio de Defensa, de forma irregular.
Seis de ellos tuvieron que devolver sus parcelas ante el escándalo. Santiago Peña se vio obligado a vetar la ley y ordenar a la ProcuradurÃa recuperar la propiedad, lo que desató la primera crisis entre el Ejecutivo y la bancada oficialista en el Senado.
El caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público y podrÃa derivar en imputaciones por invasión y otros hechos punibles.
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