Los equipos políticos internos dependientes del Ministerio del Interior observan que, desde los principales anillos de la Comandancia de la Policía Nacional, vienen ganando terreno en una avanzada cuyo objetivo final es lograr que el actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, ascienda al cargo de ministro en reemplazo de un debilitado Enrique Riera, quien desde hace tiempo viene solicitando al presidente Santiago Peña su retorno al Senado para reagrupar a su equipo de cara a las municipales de junio.

Benítez, con un perfil muy cuestionado por supuestamente formar parte de roscas corruptas dentro de la Policía -según denuncias de diputados-, solicitó coincidentemente su pase a retiro antes de la Semana Santa. 

Solo días después, fue designado por el presidente Santiago Peña como viceministro del Interior, mientras que en su reemplazo fue nombrado César Silguero.

La Policía separó del cargo a su jefe de gabinete denunciado por coimas y piden intervención de la Contraloría 

"Se premia a los ladrones. Tanto Silguero como Benítez vienen trabajando con algunos diputados y senadores para conseguir la destitución de Riera, que ya está de salida, aunque aún sin un nuevo cargo. La idea es que exuniformados tomen el control político del ministerio. Riera ya lo percibió, por eso insiste con su renuncia", expresó una fuente del ministerio del Interior.

Desde la Cámara de Diputados se acusa a Carlos Benítez de formar parte de la denominada "industria de traslados", un esquema que consistiría en el cobro de entre G. 5 millones y G. 10 millones a policías que buscan permanecer en dependencias cercanas a sus familias.

Se premia a los ladrones. Tanto Silguero como Benítez vienen trabajando con algunos diputados y senadores para conseguir la destitución de Riera, que ya está de salida, aunque aún sin un nuevo cargo. La idea es que exuniformados tomen el control político del ministerio. Riera ya lo percibió, por eso insiste con su renuncia

Actualmente, las denuncias también alcanzan al jefe de gabinete de la Policía, Rodolfo Oliver Fernández Almada, quien fue sindicado como uno de los responsables de levantar la alerta roja sobre Gianina García Troche y José Estigarribia, esposa y secretario del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

De acuerdo con denuncias acercadas a LPO, los pagos semanales a Oliver tendrían como objetivo evitar traslados a distintos puntos del país.

En paralelo, el oficialismo enfrenta dificultades para consolidar una bancada fiel al presidente Santiago Peña. Con la fuga de algunos senadores hacia el bloque disidente, el eventual retorno de Enrique Riera y Juan Carlos Baruja se vuelve cada vez más necesario.