Las leyes anti ONG fueron calificadas como una "peligrosa tendencia global" por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dependiente de la OEA, así como otras organizaciones relacionadas a los derechos humanos, al punto de emitir una declaración para pedir un freno a lo que consideran una "amenaza" a la libertad de asociación.

Un día antes, Santiago Peña prometía que el proyecto contra las organizaciones no gubernamentales, impulsado por los senadores de su movimiento, iba a ser modificado por el Ejecutivo, y que si era sancionado como está, recurriría a su poder de veto porque la iniciativa, dijo, tenía "errores grandes". 

El mandatario se apartó totalmente del proyecto de ley que nació al calor del ala más radical de Honor Colorado y rechazó la versión del Senado, que fue aprobada y enviada a Diputados, donde reposa a la espera del guiño presidencial.

Peña choca con el ala dura del cartismo y anuncia cambios en la ley de ONG

El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto "Ilo" Moreno, comentó a LPO que de las modificaciones se está encargando el Ministerio de Economía y que serán socializadas cuando terminen de preparar la versión del Ejecutivo. Anteriormente, Carlos Fernández Valdovinos se había posicionado en contra de la ley.

La senadora Lizarella Valiente. 

En paralelo, Gustavo Leite, principal proyectista, ligado a la derecha de Viktor Orbán en Hungría -el Parlamento de ese país, de mayoría oficialista, aprobó en 2017 una ley que obligaba a las ONG a publicar la lista de sus donantes-, encabeza una persecución contra estas organizaciones opositoras al gobierno, con el argumento de establecer controles para evitar el lavado de dinero.

Peña comprende que es una norma controversial, y si bien sigue la línea discursiva de apuntar a la transparencia con el aumento del control mediante la legislación, no es un proyecto que proviene de su gestión. Además, la decisión de suavizar el contenido obedece a la prioridad de su gobierno de mantener una buena sintonía con el exterior. Uno de sus objetivos en ese sentido es lograr que Rubén Ramírez Lezcano sea electo secretario general de la Organización de Estados Americanos.

Esta ley podría afectar al canciller, que busca votos para consagrarse como sucesor del uruguayo Luis Almagro, en varias regiones, entre ellas Centroamérica y el Caribe, además del Sur y de los Estados Unidos, decisivo en el esquema de la OEA.

Ramírez se ajusta a la agenda de EEUU para buscar votos para la OEA

"Aumentar la 'transparencia' y la seguridad es primordial, sin embargo, estas leyes amplias y estigmatizantes, claramente dirigidas a la sociedad civil, de hecho reducen la capacidad de la sociedad civil para desempeñar su papel vital de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la democracia inclusiva y las instituciones democráticas", expresa parte del comunicado de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, es decir, el destino al que aspira Lezcano.

Expertos de la ONU ya habían estado en sintonía con el mensaje que este viernes publicó la Relatoría. "Estas leyes incumplen las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho de las asociaciones a acceder libremente a los recursos, y están exacerbando las narrativas hostiles y la estigmatización de la sociedad civil en su conjunto, además de tener un efecto amedrentador sobre el activismo público", apunta el texto.