La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que las empresas de transporte del área metropolitana adeudan el pago de impuestos, algunas incluso desde 2020, pero desde el sector aseguran que fueron a pérdida y por eso no pudieron abonar el impuesto a la renta.
Según indicaron desde la administración tributaria, en principio son dos las compañías más comprometidas, que ya fueron fiscalizadas y se niegan a reconocer la deuda. Estas dos compañías, cuyos nombres no quieron revelar, acumulan alrededor de G. 600 millones en impuestos a la renta, pero el monto puede ir subiendo en los próximos meses.
Los controles fueron abiertos por la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación en el gobierno de Mario Abdo Benítez y abarcó los años 2020, 2021 y 2022. En el primer semestre del año pasado, las empresas que forman parte del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz, empezaron a hacer reguladas mientras los usuarios comenzaron a denunciar que los choferes realizaban validaciones con la tarjeta sin que haya pasajeros, para poder cobrar un subsidio más alto.
El área metropolitana es la única que cuenta con el transporte público subsidiado y la tarifa va modificándose mes a mes. La diferencia entre el precio al usuario y la tarifa es pagada por el Estado por cada pasajero. Por eso, a esas validaciones irregulares se las apodó de "validaciones fantasma".
El gerente de Impuestos Internos de la DNIT, Ever Otazú, explicó que en una primera inspección encontraron que de 35 concesionarias del Viceministerio de Transporte, 20 presentaban inconsistencias en sus declaraciones impositivas. La cantidad de empresarios en falta fue reduciéndose, porque algunos reconocieron la falta de pago y otros pagaron las multas, pero el accionar de las dos que se niegan a cumplir con las deudas podría calificarse como defraudación, lo cual las expone a una investigación penal.
A la par que al menos 20 empresas estaban en una situación irregular con sus obligaciones tributarias, Ruiz Díaz viene justificando las reguladas desde el año pasado porque supuestamente el Estado se atrasa en el pago del subsidio por pasajero. Para la DNIT no parece ser una excusa suficiente como para evadir las obligaciones tributarias.
Entre el lapso tomado para las fiscalizaciones tributarias, el Estado desembolsó a los miembros de Cetrapam un monto de G. 470.499 millones. Actualmente, la cantidad de buses en el área metropolitana disminuyó y en horas de la tarde los usuarios deben esperar mucho tiempo, exponiéndose a las temperaturas récord en verano.
"Vamos a llevar adelante una racionalización del trasporte público, donde vamos a ofrecer más servicios y con más frecuencia", prometió el viceministro de Transporte, Guido Benza. No hay presión ni acuerdo con las empresas del sector. La alternativa que evalúa el MOPC es fijar más carriles exclusivos y reforzar las multas para quienes no cumplen.
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