Lo mejor está por venir fue el anuncio de Raúl Latorre luego de una reunión de "planificación" del Comando Nacional de Honor Colorado, pero sin dar detalles. Los encuentros de la cúpula colorada con Horacio Cartes a la cabeza se suelen dar en la víspera de decisiones controversiales, como sucedió con la destitución de Kattya González.

Lo "mejor", en este caso, es relativo a la ubicación de quien lo enuncia, ya que se espera que Santiago Peña se defina por promulgar la ley de control a las organizaciones no gubernamentales, que las mismas ONG -junto a la oposición y los medios no alineados- definen como el "peor" de este periodo, y se preparan para acciones de inconstitucionalidad y demandas internacionales.

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Además de la ley anti ONG, Peña debe decidir si veta o promulga el nuevo sistema jubilatorio parlamentario, conocido como "jubilación VIP". En esencia, la norma otorga privilegios a los legisladores por sobre los ciudadanos comunes, ya que podrán jubilarse con solo 10 años de aportes (dos periodos), que además requerirá de una ampliación de G. 3.500 millones para la caja parlamentaria, contemplada en el presupuesto general. Un trabajador en tanto recién puede jubilarse al cumplir 55 años y luego de haber aportado por 30 años al Instituto de Previsión Social para cobrar el 80% de su salario.

El comando es, a decir de Peña, el gestor de crisis de su gobierno, por tanto, las decisiones más importantes salen de su seno. El presidente tiene las dos leyes cuestionadas en su poder mientras que el Congreso todavía estudia dos más que son de interés de Ejecutivo. Una de ellas es la ley del servicio civil, que se espera dé un orden a todo el esquema de jerarquización del funcionario, contrataciones, nombramientos y ascensos.

Raúl Latorre, Pedro Alliana y Santiago Peña.

Presidencia de la República

El Ministerio de Economía presentó en setiembre la última modificación que todavía está en comisiones y que tiene que ver con la estabilidad laboral, el ámbito de aplicación, la evaluación de desempeño, derechos colectivos, la carrera del servicio civil y el contrato en el Estado. Peña había vendido el proyecto como la solución a la crisis que generó la contratación de hijos de políticos de forma privilegiada, los llamados "nepo babies".

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 El segundo proyecto es el Registro Unificado Nacional (RUN), que une básicamente los Registros Públicos, dependiente de la Corte, con Catastro, de Economía, además del Departamento de Agrimensura y Geodesia, de Obras Públicas. Los senadores de la oposición dudan de que con esta ley haya transparencia y sospechan que podría causar el blanqueo de las tierras mal habidas. Luego de su reunión con Peña, pidieron que la norma sea postergada para darle mayor tiempo de estudio en una mesa de trabajo.

La reunión del comando se da justo en medio de las expectativas sobre todos estos proyectos y del tira y afloje entre Peña y el Congreso, sobre todo con la ley contra las ONG, que complica sus objetivos de gobierno, sobre todo su proyección internacional, ya que todos los organismos multilaterales han emitido alertas contra proyectos similares en varios países.

El último pronunciamiento provino del Colegio de Abogados de Nueva York, que dirigió su preocupación al caso específico de Paraguay. En su comunicado indican que la ley "pondría en peligro los derechos fundamentales de organizaciones e individuos en Paraguay, incluidos aquellos que trabajan para promover y defender los derechos humanos".