La Contraloría General emitió un informe de "buena gobernanza" en el que incluyó seis puntos de riesgos altos a los que Santiago Peña debe atender. Entre ellos aparece la alta deuda pública, la ineficiencia en el IPS y en la compra de medicamentos, la gestión del transporte público, la falta de fiscalización del subsidio Tekoporã y la mala distribución del alimento escolar. 

Según el documento, estos ajustes tienen que ejecutarse para que tengan institucionalidad y no solo para que Peña pueda cumplir con sus promesas de campaña en estos cinco años. Pero el informe aparece días después de la promulgación de la ley de conflicto de intereses por parte del presidente, que marcó un quiebre entre el Ejecutivo y Camilo Benítez. 

Peña promulga la ley de conflicto de intereses y vuelve a ceder al cartismo

Tras una serie de idas y vueltas, Peña optó por dar luz verde a las modificaciones hechas a la ley en el Senado, que suprime las sanciones por incumplir con la legislación, anula la obligación de declarar familiares en la función pública y elimina la figura de puerta giratoria, que fue lo más frecuente desde que asumió el gobierno, sobre todo con sus ministros, exgerentes de las empresas ligadas a Horacio Cartes. 

La mutilación de la norma volvió a marcar distancia entre Peña y Benítez, quienes al inicio del gobierno habían tenido un acercamiento durante la primera Cumbre de Poderes. Benítez participó de la reunión a la que asistieron los máximos representantes de las instituciones y en una conferencia de prensa posterior adelantó que trabajarían con Peña en un plan integral anticorrupción. Fue a mediados de agosto y hasta el momento no hay indicios de ese plan. 

Lea Giménez, jefa de Gabinete.

Presidencia de la República del Paraguay

La posibilidad de diseñar ese plan de forma consensuada comenzó a diluirse hace dos semanas, cuando Peña también vetó un proyecto que ubicaba a la Contraloría como la única institución encargada de recibir rendiciones de cuentas, en favor del Tribunal de Cuentas. 

Camilo Benítez apoyará una nueva ley solo si el Poder Judicial deja de avalar el blanqueo

Desde la creación de la Contraloría, es decir, desde la recuperación de la democracia y la entrada en vigor de la Constitución de 1992, los políticos se resguardaron en el Tribunal de Cuentas para evadir que órgano auditase instituciones como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el IPS o la Fiscalía, todo vía acciones de inconstitucionalidad.

Benítez, hombre que fue puesto en el cargo gracias al exvicepresidente Hugo Velázquez, se había acercado inicialmente a Peña por la promesa de que la Contraloría lideraría la política anticorrupción. Cuando el mandatario anunció que pediría la supresión de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Benítez salió a respaldarlo porque los diez años de vida de esa institución, en sus propias palabras, no sirvieron para nada.

Ahora, con los seis puntos de riesgo marcados por la Contraloría, un programa anticorrupción unificado parece distante y el recelo entre Benítez, visto como uno de los pocos contrapesos institucionales, y el gobierno se ensancha un poco más.