José "José'i" González Maldonado, director jurÃdico del Instituto de Previsión Social (IPS), volvió a quedar en la mira después de que se registraran pagos a proveedores de la previsional a través del rubro 915, reservado exclusivamente para "gastos judiciales", que totalizarÃan G. 87 millones.
No se trata de una operación ilegal, pero los acuerdos extrajudiciales necesitan la sentencia firme de un juez antes de ser abonados con el rubro 915, algo que ahora está bajo la lupa por potenciales maniobras irregulares. Esos pagos deben contar además con el aval del Consejo de Administración del IPS, aunque la Dirección JurÃdica habrÃa avanzado con los desembolsos sin tener en cuenta la decisión previa de un juez.
El presunto uso indebido de fondos pone en jaque a la gestión de Jorge BrÃtez, cuya permanencia al frente del IPS no está asegurada. La semana pasada, el Gobierno tuvo que nombrar a Bettina Albertini como nueva integrante del Consejo tras la salida de Carlos Pereira, quien dio un paso al costado en protesta por la delicada situación que atraviesa la previsional.
La designación se dio poco después de que BrÃtez compareciera en el Congreso, en un careo con los legisladores que expuso la crisis en el IPS. BrÃtez propuso modificar la carta orgánica para empujar reformas de mayor calado y también reclamó la deuda del Estado con la institución, que supera los USD 640 millones.
Pero no son solo las denuncias de sobrecostos en licitaciones, el faltante de medicamentos y el deterioro del servicio para los asegurados los únicos factores que comprometen a BrÃtez. La atención está centrada en González en los últimos dÃas por su incremento patrimonial y el cobro de honorarios millonarios.
El Tribunal de Ética de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde se desempeña como profesor, se alista para investigarlo, al igual que la ContralorÃa. "Puede ser un soborno encubierto también y eso es lo que se tiene que investigar", dijo Camilo BenÃtez sobre los cobros bajo sospecha.
Según sus declaraciones juradas, González pasó de tener G. 276 millones en setiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025, un aumento de más del 200% en poco más de un año. "La ley 2796/2005 permite a los asesores jurÃdicos y auxiliares de Justicia justipreciar sus honorarios", se defendió.
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El hermano del exprocurador Marco Aurelio González aclaró que el IPS no le abonó directamente, sino que el dinero provino de un acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano tras un juicio ganado en todas las instancias. "José'i" explicó que en 2024 la empresa pagó al IPS G. 7.500 millones y en 2025 otros G. 1.900 millones, y que el honorario fue aprobado por el Consejo de Administración de la previsional.
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