José Duarte Penayo, titular de la Aneaes, dijo con claridad que el supuesto tÃtulo de abogado del senador con permiso Hernán Rivas era una pieza que nadie con dos dedos de frente podÃa considerar legÃtima. Además, el funcionario aseguró que el MEC también tenÃa responsabilidades en el caso.
"En el Paraguay nadie cree eso", lanzó Duarte, quien se cuidó de aclarar que no habÃa participado directamente en el proceso, pero que lo conocÃa de lejos, lo suficiente como para calificar estos casos como "estafas colectivas que el Paraguay no puede tolerar más".
El presidente de la Aneaes, colorado y cartista, no se guardó nada y dijo que habÃa una generación entera esforzándose por una carrera honesta. La situación de Rivas, soltó, le resultaba una ofensa inaceptable. Las declaraciones sorprendieron porque van en contra de la lÃnea oficial de Honor Colorado, que no termina de soltarle la mano al senador.
El cartismo aprobó el permiso para Hernán Rivas con votos de colorados disidentes y opositores
"Los partidos polÃticos que toleren esto, sea mi partido u otros, no tienen futuro en un Paraguay que tiene una nueva clase media que demanda justicia, respeto al mérito y reconocimiento al esfuerzo", sentenció. El titular de la agencia apuntó al MEC por su rol en la inscripción de tÃtulos.
"HabrÃa que preguntarle al ministro anterior, creo que era el ministro Eduardo Petta, por qué decidieron inscribir este tÃtulo", señaló Duarte. De los actuales funcionarios del MEC, un nombre que llama la atención es el de Hermann Weisensee, el abogado que en su momento representó a la Universidad Sudamericana y avaló la legalidad del tÃtulo de Rivas.
Weisensee reconoció que no se habÃan guardado registros de asistencias del legislador, porque la carrera de Derecho en esa casa de estudios solo funcionó entre 2010 y 2015, justo el perÃodo en que Rivas la habrÃa cursado.
Weisensee actualmente es señalado como la mano derecha del ministro de Educación, Luis RamÃrez. Cuando el caso de Rivas salió a la luz, Weisensee intentó justificar el cierre de la carrera de Derecho en 2015 como un acto de adecuación a la nueva normativa.
El funcionario explicó también que dos años antes se habÃa dictado la ley 4095/13, que disponÃa un proceso de adecuación con un plazo máximo de dos años, y que en ese contexto se dictó la resolución 166 que ordenaba catastrar las carreras habilitadas bajo la ley 2529.
Según Weisensee, dos meses antes de que esa resolución entrara en vigencia, la Universidad Sudamericana clausuró las carreras, entre ellas la de Derecho. "Ya no catastramos la carrera, porque ya no la Ãbamos a implementar", se excusó el abogado.
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