El tribunal arbitral internacional a cargo de la disputa entre el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y la constructora portuguesa Mota Engil por el proyecto del Metrobús de Asunción condenó al Estado paraguayo a pagar unos 16 millones de dólares. La responsabilidad recae ahora sobre Santiago Peña, que tiene apenas dos semanas para responder por el proyecto estrella del gobierno de Horacio Cartes.
El laudo arbitral justificó su fallo por "inconducta al ejecutar garantÃas en contra de una orden procesal porque la póliza del proyecto no era exigible en su totalidad". La información fue dada a conocer por el procurador general Marco Aurelio González, quien adelantó que impulsarán recursos de nulidad o rectificación para evitar los pagos, las dos opciones que baraja el funcionario.
El laudo dictamina que Paraguay debe abonar a Mota Engil un monto total de 16 millones de dólares, que incluye los intereses y honorarios de los abogados franceses. Sin embargo, la empresa portuguesa está obligada a desembolsar unos 100 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas ( MOPC). González recordó que ya se le habÃa pagado 27.684.000 dólares a la constructora tras rescindir el contrato.
En su momento, el expresidente Mario Abdo BenÃtez recibió las obras inconclusas y las utilizó como un arma polÃtica en contra de la administración de Cartes. Esto provocó el freno del proyecto, paralizado desde 2018, y el inicio del conflicto con la empresa constructora. Abdo acusó entonces a Mota Engil de abandonar la obra y el MOPC de Arnoldo Wiens resolvió rescindir el contrato en abril de 2020.
Las obras del Metrobús comenzaron durante el gobierno de Cartes y la administración del extitular de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. El proyecto representaba una bocanada de oxÃgeno para la crisis vial en el departamento Central. Gaona desembolsó más de 45 millones de dólares a contratistas y empresas para estudios de impacto, que tendrán que ser devueltos a los prestamistas. El mayor acreedor es el BID, que prestó al Estado paraguayo unos 143 millones de dólares para el proyecto.
La empresa portuguesa adjudicada fue Mota Engil por G. 300.417 millones, pero el proyecto posteriormente terminó costando G. 403.900 millones, con un sobrecosto del 35% aproximadamente. La ProcuradurÃa General de la República tiene un plazo de 15 dÃas para analizar las estrategias procesales y apelar el fallo arbitral.
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