Santiago Peña está especulando con la realización de una reforma de la carta orgánica del Instituto de Previsión Social que aumente 10 años el cálculo final del haber jubilatorio y otras medidas de austeridad.
Los asegurados se oponen y recuerdan que el Estado tiene adeudado unos US$ 500 millones a la previsional desde hace años. A su vez, el proyecto de ley para reformar la carta orgánica aún no fue presentado por el gobierno pero los sindicatos y beneficiarios manejan la información de que el plan para reorganizar las finanzas del IPS se centrará el limitar gastos.
En ese marco, Cristina MachaÃn, una de las referentes de la Asociación de Asegurados del IPS, contó que la gestión de Jorge BrÃtez desea hacer un proceso de selección a las personas para evitar que aquellas que cuentan con enfermedades catastróficas no tengan el mismo régimen que los aportantes comunes.
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La interpretación que hacen los asegurados agremiados sobre esto es que el IPS deje de actuar como una institución solidaria y que el 90% de los cotizantes deje de financiar la atención de ese 10% que está conformado por personas que poseen cuadros de gravedad.
Asimismo, la idea de que el pago de la jubilación se comience a calcular con base en los 10 últimos años de aporte también es una medida que los asegurados rechazan.
Actualmente se toman los tres últimos años y el problema que encuentran las autoridades del IPS es que en varios casos los aportes aumentan llamativamente en esos últimos años, lo que da la pauta de que los empresarios maniobran en el sistema.
MachaÃn opinó que ese es un problema real, sin embargo, que la solución que ofrece el Gobierno recae de nuevo en perjuicio de los trabajadores, siendo que la patronal es la que sale beneficiada con la carencia de los controles.
La referente aseguró que el problema más grave tiene que ver con que las empresas hacen trabajar en negro a las personas durante muchÃsimo tiempo y recién a cierta edad registran al empleado con un salario mucho más alto para que alcancen los parámetros de jubilación con un haber más o menos razonable.
"Si el IPS realizará solamente lo mÃnimo que debe cumplir como ente controlador no estarÃan buscando ahora la manera de corregir las maniobras de la patronal", complementó.
El Estado tiene una deuda histórica con el IPS porque el sistema solidario desde el principio incluyó al Estado como uno de los aportantes por cada asegurado, algo que jamás se cumplió y por eso asegurados y trabajadores del IPS manejan que existe un déficit que nunca pudo subsanarse.
Si bien no hay números oficiales, porque el Estado jamás reconoció en su presupuesto esa deuda, desde la institución siempre se reclamó que el peso del sistema recaiga completamente en los empresarios y trabajadores.
En la pandemia de COVID-19, el IPS recibió un pago de US$ 100 millones en concepto de amortización de dicha deuda, pero el Estado condicionó el uso de los recursos para el pago a los trabajadores que tenÃan el contrato laboral suspendido. Esa estrategia fue utilizada por el gobierno de Mario Abdo BenÃtez para simular un fondo de emergencia por desempleo, por ende, tampoco se trató de un pago de deuda.
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