Las Fuerzas Armadas buscan aumentar su presupuesto para 2025 y, en base a ese plan, se proponen regulat por ley el pago las multas de hasta 515 mil guaraníes para los jóvenes que no estén dispuestos a cumplir con el servicio militar obligatorio (SMO), como impone el artículo 129 de la Constitución.

Un informe de la Defensoría del Pueblo confirmó que las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad ni la estructura para albergar a los jóvenes en edad para hacer el SMO. A esto se suma que, en menos de dos semanas, se registraron casos de abuso físico e incluso la muerte de un cadete en condiciones poco claras, que se encuentra en proceso de investigación.

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Pese a esta situación, Enrique Riera, fue el primero dentro del gobierno en defender ante el Congreso la necesidad de modificar la ley 4013/2010 que reglamenta el derecho a la objeción de conciencia al SMO y establece un servicio sustitutivo. Para el ministro de Interior es una forma de "sacar de la droga" a los jóvenes: solo en Asunción y el departamento Central, las autoridades estiman cerca de 90 mil jóvenes adictos. 

Rafael Ávila, defensor del Pueblo.

 El anteproyecto para regular el pago de las multas es impulsado por la propia Defensoría del Pueblo, encabezada por Rafael Ávila, pese a que su organismo estableció en 2019 unos 400 mil guaraníes de multa para aquellos que no pasaron por los cuarteles. La iniciativa es apoyada en la cámara baja por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Roya Torres, quien admitió que el objetivo no es recaudar, sino animar a los objetores a realizar trabajos comunitarios en vez de pagar el equivalente a cuatro jornales mínimos.

Pero la efectividad de la medida genera dudas. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la Defensoría del Pueblo impuso la multa de 400 mil guaraníes a los jóvenes y adultos que no estaban al día con sus documentos de objetores de conciencia. Esos ingresos no superaron los 2 mil millones de guaraníes y fueron destinados al Ministerio de Economía para su inclusión en el presupuesto nacional.

Ávila es el que debe velar por los jóvenes que no desean ir al servicio militar y no puede obligarlos a pagar una multa para poder recaudar para los militares

En su momento, la orden provocó filas interminables de jóvenes que asistían a las oficinas distritales de la Defensoría del Pueblo para ordenar sus papeles, mientras otros cientos se declaraban objetores parano ir a los cuarteles. En Diputados, el proyecto auspiciado por Ávila y Torres, bajo pedido de la cúpula militar, fue recibido con cuestionamientos. 

"En el tema de la multa no estoy de acuerdo. Se debe potenciar a las fuerzas militares e incentivar a los jóvenes, pero para eso tenés que presentar un servicio militar atractivo. Sabemos que el presupuesto del Estado es limitado y hoy es una institución deteriorada con mala imagen. Yo tengo dos hijos hombres y no quisiera que se vayan porque no sé si van a volver con heridas o volver en un ataúd", apuntó el diputado Rubén Rubín.

La diputada Roya Torres. 

Gentileza

Por su parte, el exdefensor del Pueblo, Miguel Godoy, acusó a Ávila de incurrir en el mal desempeño de funciones al acompañar un proyecto que vulnera el derecho de los objetores. "Él es el que debe velar por los jóvenes que no desean ir al servicio militar y no puede obligarlos a pagar una multa para poder recaudar para los militares", dijo a LPO.

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Sin embargo, desde el Congreso coinciden en la necesidad de iniciar el debate sobre la modificación de la ley que obliga a cumplir el SMO y agilizar el pago de la multa o el servicio social -como propone Ávila- para la obtención del carnet. Los diputados no descartan que las Fuerzas Armadas presionen por aumentar su presupuesto ante el nivel de participación que el gobierno les está dando en la lucha contra el crimen organizado.