El feminicidio de Katia BrÃtez, la joven asesinada el domingo pasado por su expareja en Lambaré, Osvaldo Zaracho, provocó algunas consecuencias polÃticas insospechadas.
Paraguay, un paÃs con una alta cifra anual de feminicidios, que este año ya suman 25 mujeres asesinadas por la violencia machista, tiene un lamentable promedio anual de 40 vÃctimas dentre 2018 y 2022. A pesar de esto, hasta ahora los polÃticos, con algunas excepciones, vienen minimizando esta problemática que solo el año pasado dejó unos 70 niños huérfanos.
Incluso, en las últimas elecciones, un sector del Partido Colorado se embanderó con un discurso en contra de la denominada "ideologÃa de género", aprovechando el temor de ciertos sectores conservadores a algunas cuestiones como el aborto o el matrimonio igualitario.
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En los últimos dÃas, el debate sobre el acuerdo con la Unión Europea llevó a algunos legisladores del cartismo a cruzar algunas lÃneas muy peligrosas, como el caso del senador Basilio "Bachi" Núñez, que propuso para la adenda al acuerdo prohibir la "igualdad de género", por su supuesta contrariedad a la Constitución, a pesar de estar expresamente protegida en la misma.
Otros, como la senadora cartista Lizarella Valiente, quien llegó al Senado con este discurso, aseguró que en Paraguay "no existe machismo" y que lo que hay son "hombres malcriados por las mujeres".
El caso de Katia BrÃtez, atropellada en repetidas ocasiones por su expareja, cuyo video fue repetido hasta el hartazgo en televisión y en redes sociales, puso algo de realidad a un clima de muchos discursos.
El feminicidio dejó en off side a la clase polÃtica, que hasta entonces habÃa tomado con cierta frivolidad el asunto. Como muestra, la ley de tobilleras electrónicas, que podrÃa proteger a las mujeres ejerciendo un control sobre sus agresores, lleva casi seis años esperando reglamentación y aplicación.
El crimen obligó al propio Santiago Peña, que incluso habÃa obviado a las mujeres en su discurso de asunción, a apurar una reglamentación y discusión del asunto. Esto, sumado al hecho de que el mismo dÃa del crimen, la propia primera dama revelaba con un tono normalizador el carácter "celoso" del presidente, confesando en televisión abierta que Peña tenÃa la costumbre de "controlar la ropa que usaba".
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El impacto fue tan grande que el ministro del Interior prometió que este miércoles la cuestión estarÃa zanjada y el sistema implementado en la brevedad posible.
Este mismo martes, ocho senadores, entre los que figuran representantes de todos los sectores polÃticos, incluido el cartismo, presentaron al presidente del Senado, un proyecto de declaración de emergencia social.
El proyecto establece mecanismos urgentes de prevención promoviendo cambios culturales, a través de talleres y campañas de concientización de igualdad de género entre hombres y mujeres. Paradójicamente, el proyecto lleva la firma de Lizarella Valiente.
Este mismo martes, una serie de organizaciones que promueven la defensa de los derechos de las mujeres presentaron datos acerca de la situación real del sistema de justicia y los "nudos" que todavÃa existen en la aplicación real de la protección a las vÃctimas de la violencia machista.
Mirtha Moragas, del Consultorio JurÃdico Feminista, aseguró que por la experiencia de la organización en asistencia gratuita a mujeres, el caso de Katia no les sorprende y es una radiografÃa de todo lo que está mal en el sistema de protección de las mujeres.
Para Moragas, la realidad actual es una mezcla entre problemas estructurales y falta de voluntad polÃtica. "Mejorar el trabajo de operadores de la justicia, mejor presupuesto, mayor acceso a condiciones estructurales para cumplir su trabajo, sobre todo los juzgados de paz", señaló.
"Pero, sobre todo, muchas recomendaciones que tienen que ver con la voluntad polÃtica y con las actitudes. Muchas de las denuncias que recibimos de las mujeres, que en su mayorÃa fueron al sistema de justicia a pedir medidas de protección, tiene que ver con los maltratos, con jueces y juezas que piden cosas que la ley no les pide como requisitos para avanzar en el proceso", criticó.
"Entonces tenemos mujeres que ya no vuelven porque se les pide que tengan cédula o se les pide, de forma ilegal, que hagan denuncias en la comisarÃa, ¿pero qué hay detrás de eso? Hay una actitud donde los casos de violencia se consideran todavÃa privados, se consideran problemas menores, entonces hay un cambio que se puede empezar hoy que es actitudinal", remarcó.
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