El 26 de noviembre termina el periodo de Óscar Paciello en el Consejo de la Magistratura y su salida podría liberar el camino para el control total del órgano por parte del oficialismo, que busca empujar el ingreso de Alicia Pucheta en lugar de Enrique Kronawetter.

Paciello, además, es presidente del órgano extra poder y el único contrapeso ante la hegemonía de Honor Colorado. Enrique Berni y Gerardo Bobadilla, dos figuras del coloradismo, ingresaron como representantes del gremio de abogados tras la elección de finales de octubre.

Peña retrasa la designación de Pucheta para evitar más tensiones en el Congreso

Paciello perdió en la última elección y quedaron en su lugar dos aliados del cartismo. Uno, del equipo de Jorge Bogarín -miembro del Consejo-, Babadilla, y el segundo, Berni, que responde a Basilio "Bachi" Núñez, jefe de la bancada de Honor Colorado en el Senado.

Enrique Berni, el día de la elección.

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Si además logran que la exvicepresidenta de Horacio Cartes ingrese, que es el objetivo de Santiago Peña, como pedido de su mentor político, se completará el predominio absoluto del oficialismo en el Consejo.

La justicia es clave para el cartismo. El Consejo de la Magistratura se encarga de la selección de fiscales y jueces, justo en un momento en que se renuevan casi el 50% de los magistrados, lo que aumenta todavía más el interés del Ejecutivo.

El Consejo de la Magistratura se encarga de la selección de fiscales y jueces, justo en un momento en que se renuevan casi el 50% de los magistrados, lo que aumenta todavía más el interés del Ejecutivo

Las turbulencias en el oficialismo retrasaron la presentación ante el Congreso del acuerdo constitucional para nombrar a Pucheta. Peña había anunciado que el plazo de la representación de Kronawetter llegaba a su vencimiento el pasado 29 de octubre y, por tanto, era momento de propiciar el recambio. Sin embargo, los conflictos que mantuvo con los legisladores de su mismo partido por los aumentos salariales obligaron al Ejecutivo a congelar el tema.

Alicia Pucheta.

Agencia IP

El gran problema es que tanto la oposición como los colorados disidentes, así como especialistas del Derecho, consideran que cambiar ahora al representante del Ejecutivo en el Consejo representa una violación a la Constitución, debido a que el periodo establecido es de tres años, que se cumplen recién en 2026.