El intento de ocupación de la estancia Lucipar en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, genera preocupación al Gobierno. Tras los incidentes del viernes, un total de 52 campesinos fueron detenidos por la Policía Nacional. También hubo heridos, entre labriegos y uniformados. Este sábado fueron liberadas 23 mujeres por disposición de la Fiscalía, mientras 29 hombres siguen aprehendidos.

Una caravana de campesinos había irrumpido en un establecimiento contiguo pese al fuerte dispositivo policial durante la tarde del viernes, listos para invadir la propiedad de 11.000 hectáreas perteneciente al narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, y actualmente administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

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Lo campesinos, agremiados a la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), venían anunciando el plan de ocupación de la estancia y el Gobierno desplegó un operativo en la zona, pero finalmente los labriegos atropellaron el portón con camiones y vehículos de menor porte para ingresar al predio.

Los campesinos piden que las 11.000 hectáreas sean destinadas a la reforma agraria, pero varios gremios de la producción o empresarios también buscan quedarse con la propiedad del narco condenado

De acuerdo a lo establecido por la ley, los bienes recuperados del crimen organizado pueden ser donados o subastados. Los campesinos piden que las 11.000 hectáreas en cuestión sean destinadas a la reforma agraria, pero varios gremios de la producción también buscan quedarse con la propiedad del narco condenado, a través de una subasta o un acuerdo de arrendamiento con la Senabico.

La principal preocupación del Gobierno radica en la disputa histórica entre los campesinos y los gremios de la producción. Por un lado, Santiago Peña no puede atender el reclamo de los campesinos en cuanto a destinar estas y otras tierras para la reforma. Por otro lado, tampoco quiere desatender las exigencias de los empresarios en torno a la propiedad privada, pese a que la estancia Lucipar pertenecía a un narco.

GentilezaLPO

Para los campesinos, el caso de Lucipar es claro y piden al Gobierno aclarar por qué el Estado despliega policías para proteger la estancia de un condenado, mientras criminaliza la lucha de los labriegos que solicitan las tierras incautadas al crimen organizado. Incluso, los campesinos consideran que podrían estar siendo un obstáculo para subastar la propiedad y que quede en manos de los grandes terratenientes.

El actual ministro del Interior, Enrique Riera, es uno de los propulsores de la ley 6.830/2021, que criminaliza la invasión a la propiedad privada, como una solución al problema de la propiedad de la tierra en Paraguay. Sin embargo, a pesar de la promulgación de la norma, los campesinos siguen con su lucha por la tan anhelada reforma agraria.

El actual ministro del Interior, Enrique Riera, es uno de los propulsores de la ley 6.830/2021, que elevó a la figura de crimen la invasión a la propiedad privada, como una solución al problema de las tierras en Paraguay

Otro de los propulsores de la ley fue el exsenador Fidel Zavala, de origen liberal, pero que había ingresado a la cámara alta por el partido Patria Querida. Llamativamente, su familia se encuentra entre las beneficiarias de las tierras mal habidas entregadas durnate la dictadura de Alfredo Stroessner a aliados políticos y económicos.

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De acuerdo a varios análisis y estudios realizados de organismos locales e internacionales, Paraguay presenta la distribución de la tierra más desigual del mundo, con una pequeña élite latifundista e importante participación de propietarios extranjeros, que concentran casi toda la superficie agrícola y ganadera, mientras que la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas carecen de tierra suficiente para subsistir.

Se estima que 7.851.295 de hectáreas son tierras malhabidas otorgadas entre 1954 y 2003 a personas no merecedoras. El 70% de las tierras productivas está en manos del 1% de establecimientos latifundistas. Además, alrededor de 300.000 familias campesinas no tienen tierras.