El directorio del Partido Liberal aprobó con 32 votos a favor que sus once senadores rechacen el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, pero Dionisio Amarilla anticipó que no acatará la línea de Hugo Fleitas, jefe del PLRA, y se unirá a la iniciativa oficialista. 

En medio de su crisis institucional, financiera y hasta de identidad, el directorio busca reactivar la faceta opositora del partido y encuentra en el proyecto de Santiago Peña una vía para volver a la palestra. Según confirmo un senador liberal a LPO, la intención del espacio es postergar al menos el tratamiento del texto en la cámara alta. Fleitas especula con la presión sindical en las inmediaciones del Congreso y la duda de algunos legisladores colorados. 

Fleitas intenta imponer su autoridad entre los liberales con la ley de pensiones tras el cruce entre Líder y Dionisio

Los senadores que acatarían la decisión del directorio son Sergio Rojas, Celeste Amarilla, Líder Amarilla, Eduardo Nakayama (la semana pasada anunció su salida del partido), Ever Villalba y Salyn Buzarquis. Dionisio dijo que no existe "mandato imperativo" y por lo tanto su bancada, conformada por Noelia Cabrera y Edgar López, no acompañará a la mayoría. En tanto, José "Paková" Ledesma y Hermelinda Alvarenga, dos de los que siempre juegan su propio partido, aún no adelantaron el voto. 

Las diferencias dentro del PLRA sobre la propuesta de la Superintendencia fueron tomando un tono cada ver más elevado, que en los últimos días casi llevó a las manos a Dionisio y Líder Amarilla. En la reunión del comité político del partido, Líder encaró a su compañero de filas por operar internamente para que el PLRA acompañe el proyecto de Peña y lo trató de "puta del cartismo". Por su parte, Dionisio lo acusó de meter a Luis Alberto Servián Zárate en la Dinac, detenido e investigado por colaborar con una red de narcotráfico.

Los senadores Celeste Amarilla y Eduardo Nakayama. 

LPOLucas Núñez

 Fleitas bajó al directorio la convocatoria que los sindicatos hicieron para esta mañana, que estará marcada por movilizaciones y protestas frente al Congreso para evitar que el Senado apruebe hoy el proyecto. Fuentes cercanas a la bancada oficialista dijeron a este medio que el texto es una prioridad del Ejecutivo, pero que se abren a incorporar modificaciones para calmar las críticas y sacar la ley antes de fin de año. 

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, sugirió cambios en el artículo 31 del proyecto, que blinda a los funcionarios e interventores de la Superintendencia, quienes "no podrán ser sometidos a juicio político por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones legales", de acuerdo a la versión original. Es el punto más cuestionado, pero no el único.  

A pesar de que los legisladores no están obligados a votar en la dirección resuelta por los partidos políticos, desde el PLRA no se descartan sanciones o incluso la expulsión de aquellos dirigentes que sumen sus votos a los del cartismo en este tema. 

No es la primera vez que dentro del liberalismo se habla de penalizar a los legisladores que no acaten la línea partidaria, aunque nunca pasó de una amenaza. En el periodo legislativo anterior, en las tantas presentaciones para enjuiciar políticamente a la exfiscal general Sandra Quiñonez, el partido intentó cerrar filas, pero el tribunal de conducta no tomó ninguna determinación.