El planteamiento del Clan Rotela de reabrir la penitenciaria de Tacumbú para el ingreso de nuevos reos confirma las sospechas de que el amotinamiento forma parte de una estrategia del grupo criminal, que contaría con la complicidad de guardiacárceles, para lograr potenciar sus negocios ilícitos tras las rejas.
"La petición de que se reabra la penitenciaria efectivamente es una solicitud que beneficia al clan criminal. Porque a mayor cantidad de población de personas privadas de libertad es más beneficioso para ellos. Eso significará dotar de mayores elementos o sumar gente a sus filas. En ese punto el gobierno no debe ceder", subrayó a LPO el exviceministro de Justicia, Rubén Maciel.
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A su criterio, la situación podría ir subiendo de tono ante la posición de los ministros Ángel Barchini y Enrique Riera, que se han negado a acercarse a la cárcel para negociar con los amotinados. Desde el Ejecutivo atinaron a conformar un comité de crisis, garantizar la liberación de los rehenes y cercar las inmediaciones del presidio para evitar la potencial fuga de reos, aunque la crisis está lejos de una solución.
"Veo que el gobierno está en una posición intransigente porque consideran que las negociaciones es con un grupo criminal por estar en la comisión de un hecho punible. Yo tendría esa posición si realmente estuviera negociando con secuestradores. Ahora esa no debe ser tu posición si estás hablando con personas que están bajo tu custodia. La actitud debe ser diferente", indicó Maciel.
Otros exresponsables de Justicia, que decidieron mantenerse en el anonimato, coincidieron en que la incapacidad de Barchini para apaciguar la crisis provocará que la violencia sea noticia en pocas horas. "Existe una clara complicidad de los guardiacárceles en el tema. Se entiende que soliciten algunas reivindicaciones, pero pedir que se abra la penitenciaria es impensable. Es un cárcel abarrotada en su capacidad. El tema es el negocio que se quiere potenciar con más gente", detalló una fuente a este medio.
Desde uno de los pabellones, el director de la penitenciaria, Luis Esquivel, fungió de vocero del grupo criminal para difundir las exigencias para lograr la libertad de los rehenes y la vuelta de la normalidad de la cárcel.
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"Fuimos tratados sin violencia y ellos quieren que el ministro Barchini muestre la cara para dar el ok al acuerdo. Piden que se reabra la penitenciara a nuevos reos, garantías de que no habrá represalias por el amotinamiento y la firma de un acuerdo en papel de las garantías. Pedimos que el gobierno se manifesté lo antes posible porque llevamos 13 horas en este lugar", indicó un Esquivel retenido más temprano este miércoles.
Por otro lado, el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, único vocero oficial hasta estas horas, se acercó a la penitenciaria para dialogar con los reos. Como en la conferencia de ayer por la noche, Barchini sigue sin dar declaraciones y aparecer por Tacumbú, como hicieron en el pasado otros ministros que enfrentaron crisis similares.
Pese a la presión de la oposición y de sectores sectores del oficialismo, el presidente Santiago Peña descartó la renuncia del ministro de Justicia, aunque ha decidido correrlo de escena y preservarlo, después de semanas de declaraciones controvertidas, como el presunto espionaje a funcionarios -incluido él mismo- desde la cárceles y el falso descuartizamiento del suboficial Oliver Lezcano, que según Barchini había sido asesinado por el clan Rotela y el martes apareció en un video desmintiendo su propia muerte.
"Esta es una problemática que enfrentamos como sociedad", dijo el presidente, quien respaldó a Barchini y negó que se tratara de una crisis. "Ha habido una enorme preocupación, pero nos estamos preocupando de esta problemática desde varios organismos del Estado. Nuestra primera acción fue la participación de todas las fuerzas. Pero no podemos utilizar la incapacidad de dar una respuesta inmediata y ceder a lo que es la delincuencia y el crimen organizado. Este es un problema de seguridad internacional", agregó el mandatario.
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