La preocupación en torno al proyecto del Registro Unificado Nacional (RUN), impulsado por Santiago Peña, creció en los últimos días por el avance en su estudio sin mucha claridad ni participación de todos los gremios afectados. Katia Ayala, representante del Colegio de Escribanos, sostuvo que apenas pudieron reunirse una vez con los senadores proyectistas y no cinco veces como informaron en las comisiones.

Se trata de un proyecto de más de 200 artículos que son complicados de entender, indicó la escribana, y que con mucha premura debieron estudiarlos para exponer su postura. Ayala comentó con NPY que en el proceso encontraron disparidades, que podrían ser un riesgo para el cumplimiento de la garantía de los ciudadanos sobre el derecho a tener una propiedad.

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Una de las preocupaciones es la no inclusión de los gremios notarial y de topógrafos en el estudio, sobre todo por su acelerado avance, ya que esta semana se volvieron a modificar 94 artículos, entre ellos, 42 fueron de fondo y 48 de forma, pero además sumaron otros seis nuevos artículos, por lo que requiere un análisis todavía con más tiempo.

"No entiendo por qué tanto apuro, si es algo tan importante para todos nosotros. Deberían recapacitar los proyectistas y dar mayores posibilidades de estudio", resaltó Ayala.

Peña con Roberto "Ilo" Moreno.

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La senadora Esperanza Martínez indicó que uno de los agregados al proyecto es un artículo que señala que el Poder Judicial debe encargarse de la reglamentación, lo que genera mucha desconfianza, porque se vuelven jueces y partes del problema de la tierra. "Las personas que manejan el sistema no son creíbles, porque hay corrupción y hay mucho dinero. Si no pasás dinero, el expediente no corre", lanzó.

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Otra crítica que expuso la legisladora es que en caso de que dos personas tengan un título de una misma propiedad, será el Poder Judicial el que deberá resolver el conflicto. Pero además, podrán darse otras situaciones más pequeñas, donde la coincidencia o interposición sea solo de una parte del terreno, lo que se podrá resolver con una mensura administrativa, es decir, una de partes puede acordar un pago u otro tipo de negociación sin pasar por la justicia en un proceso abreviado.

Para Esperanza, esto deja a las personas vulnerables en desventaja ante los grande poseedores de tierras. "En este país, la norma dice que hay que salir a favor del que menos tiene, pero la práctica dice otra cosa. Por ejemplo, si el conflicto es entre un indígena y un sojero, no hay igualdad para decir que hubo un acuerdo, no hay mecanismos para garantizar y fiscalizar que una de las partes que está en indefensión por ser analfabeto y no sabe ejercer su derecho, está en igualdad, ahí es donde tengo miedo", saltó.

 El principal problema que busca solucionar el nuevo proyecto del Ejecutivo y la Corte es la superposición de títulos. Los sectores sociales y especialistas denuncian que tiene la finalidad de blanquear las posesiones irregulares o tierras malhabidas.

 La ley crea el registro unificado nacional (RUN), que en esencia fusiona los Registros Públicos, dependiente de la Corte, con Catastro, de Economía, además del Departamento de Agrimensura y Geodesia, de Obras Públicas.

Recientemente, los senadores de la oposición que se reunieron con Santiago Peña para pedir postergar el proyecto y crear una mesa de trabajo para cuidar el proceso. No obstante, la normativa será estudiada en sesión en los próximos días.