"Para que la gente confíe en que en su país rige un Estado de derecho es esencial que los actores corruptos rindan cuentas dentro de los sistemas del país", escribió Marc Ostfield en su cuenta de Twitter horas antes de la llegada de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, a Asunción. Se trataba de la reaparición del embajador estadounidense con un mensaje fuera hacia el gobierno de Santiago Peña, y una advertencia ante lo que se estaba preparando en el Congreso.

Es que el miércoles, mientras Richardson se reunía con Peña y los legisladores apuraban la aprobación de la ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, el diputado cartista Yamil Esgaib consiguió pasar en la cámara baja su proyecto de "devolución premiada", por el cual se busca recuperar los bienes públicos malversados por funcionarios. Más allá del objetivo altruista, la reforma al Código Penal funciona como garantía a la impunidad.

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Según pudo saber LPO, la medida cayó mal en Washington por el timing y la contradicción con las promesas de Peña. Richardson metió presión para que las autoridades paraguayas completara la purga en las instituciones militares involucradas en el Operativo Dakovo, que reveló un esquema de tráfico internacional de armas con una de sus cabeceras en el país, a donde llegaban las armas provenientes de Europa del Este y desde donde salían para abastecer a grupos criminales en Brasil.

Santiago Peña con Laura Richardson y Marc Ostfield. 

Presidencia de la República del Paraguay

El operativo contó con la colaboración de Brasil y EEUU, mientras Paraguay se aseguró de no frustrar la estrategia y más tarde cooperó para detener a los implicados. El gesto fue bien recibido en la administración Bien, pero resulta insuficiente si los legisladores del oficialismo no acompañan la hoja de ruta anticorrupción diseñada por la Casa Blanca y las agencias estadounidenses para el gobierno de Peña.

En EEUU hay impaciencia por los avances modestos del presidente. A los pocos días de asumir, Peña convocó una cumbre de poderes en Mburuvicha Róga para definir los lineamientos para el combate a la corrupción. La reunión fue un mensaje explícito a pedido de Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, como contó este medio. Pero el fiscal general Emiliano Rolón admitió que el plan oficial es bastante ambiguo y no existe un plan como tal.

Mientras los plazos dados por EEUU se agotan, Esgaib coló una ley que premia a los corruptos, cuyos actos dejan de ser considerados delitos graves y son susceptibles de recibir una rebaja en la condena

De momento, los legisladores pasaron las leyes de conflicto de intereses y de contratación pública. Restan la reforma de la carta orgánica de la Policía Nacional, la de monetización de activos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y la creación del Ministerio de Integridad y Transparencia, aunque el Ejecutivo no da señales al respecto.

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Mientras los plazos dados por EEUU se agotan -el receso parlamentario está a la vuelta de la esquina y el Congreso reactivará recién en marzo-, Esgaib coló una ley que premia a los corruptos, cuyos actos dejan de ser considerados delitos graves y son susceptibles de recibir una rebaja en la condena. La dinámica entre el Congreso y el Ejecutivo habilita una autonomía relativa, aunque si el proyecto recibe luz verde en el Senado, la decisión final de promulgarla o vetarla recaerá en Peña. 

En el gobierno confían en que se logró romper con la inercia de desconfianza que reina en la Casa Blanca, y desde el Ejecutivo dicen que el proyecto de Esgaib no cuenta con respaldo de Peña. Sin embargo, cualquier paso en falso puede romper la luna de miel entre el presidente y la administración Biden. Desde el gobierno prometen avanzar con agenda propia, sin esperanzas en que el Congreso y la justicia sean capaces de seguirle en los plazos que EEUU impuso para uno de sus principales aliados en la región.