Contraloría
Diputados retiene la ley que evita saltarse la rendición de cuentas por decisión de Latorre
El proyecto que elimina las facultades del Tribunal de Cuentas está estancado. El titular de la cámara baja no comunica de la sanción al Ejecutivo desde septiembre. Puja de poderes.

Desde que el proyecto que elimina la obligación de remitir los gastos al Tribunal de Cuentas fuera aprobado en septiembre, evitando así ser auditados por la Contraloría, la Cámara de Diputados no envió la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

La normativa que el contralor Camilo Benítez pedía con urgencia, impulsada por él mismo, está por cumplir tres meses en los cajones del Congreso, a semanas de que termine el año. La decisión fue tomada por el titular de la cámara baja, Raúl Latorre, que parece abocado a una puja de poder que toca colateralmente al gobierno de Santiago Peña. 

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Se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la ley 879/1981 del Código de Organización Judicial, que y regula el Tribunal de Cuentas", presentado en 2022 por los diputados del periodo anterior Édgar Acosta, Jorge Ávalos Mariño y Carlos María López.

El contralor Camilo Benítez.

En esencia, lo que hace el proyecto es eliminar la traba que impide que la Contraloría ejerza el control total de las instituciones, un centenar de las cuales presenta acciones de inconstitucionalidad contra la ley que la faculta a auditar, alegando esta normativa. La modificación sancionada delimita en su composición y funciones al Tribunal de Cuentas, especificando que no podrá evaluar la ejecución de los gastos públicos.

El hecho es grave porque estos entes se saltan a un órgano constitucional como lo es la Contraloría. Entre ellos se encuentran incluso el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las gobernaciones y las intendencias.

El hecho es grave porque estos entes se saltan a un órgano constitucional como lo es la Contraloría. Entre ellos se encuentran incluso el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las gobernaciones y las intendencias

El contralor manifestó en varias ocasiones que el objetivo de las instituciones es blanquear sus rendiciones de cuentas ante cualquier posibilidad de irregularidad.

Ávalos Mariño, en tanto, indicó que se busca garantizar la impunidad ante un eventual hecho punible. "El Tribunal de Cuentas ha servido para que las instituciones operen en impunidad. Al remitir a esa instancia nunca hay resultados y hace que la Contraloría nunca pueda auditar. Hay más de 100 instituciones en esa situación", apuntó.

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