Un sector del gabinete del presidente Santiago Peña mete presión para conseguir la "recentralización" de los G. 2,8 billones del programa Hambre Cero. La idea es que esos fondos pasen a ser administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), bajo el liderazgo de Tadeo Rojas, ante las denuncias de mal uso de los recursos y los supuestos "acorralamientos" por parte de los gobernadores, como ventilaron diputados y senadores del oficialismo y la oposición esta semana.

Una de las firmas que elevó sus reclamos al entorno presidencial fue Ladero Paraguayo SA, que gracias a aliados cercanos al mandatario logró librarse de la gobernadora de Concepción, Liz Meza, y de su par de Alto Paraná, César "Landy" Torres, quienes venían poniendo en riesgo sus ganancias, según deslizó una fuente del Ejecutivo a LPO.

Beto quiere quitarle a Liz Meza el control de Hambre Cero y desata la guerra con los gobernadores

Silvio "Beto" Ovelar fue el encargado de mediar entre las empresas y el Gobierno central. Durante la última sesión de la cámara alta, el senador de Caaguazú consiguió modificar la ley de Hambre Cero, no sin abrir un frente contra el Consejo de Gobernadores, que ve en la jugada un intento por disciplinar a los jefes departamentales en pleno año electoral.

Actualmente, Ladero Paraguayo SA es la segunda empresa con mayor cantidad de platos entregados en las escuelas. Con licitaciones ganadas en Concepción, Alto Paraná, Itapúa, Central y Cordillera, su volumen de negocios supera los G. 426 mil millones.

Silvio "Beto" Ovelar.

Algunos proveedores están intensificando el lobby con el Gobierno nacional para que Peña se decante por la "recentralización", pero otros están preocupados por los contratos en juego, como ocurre en Alto Paraná, donde su ingreso a la "lista negra" de Beto -que implica un esquema de administración idéntico al que rige en Asunción, Central y Presidente Hayes, y ahora también en Concepción- deja los compromisos en un limbo. 

La iniciativa de recentralizar los fondos avanza y tiene como principal articulador al bloque cartista en el Senado, donde Ovelar volvió a insistir esta semana en la "mano pesada" de los gobernadores. Lizarella Valiente propuso incluir a Alto Paraná y Dionisio Amarilla, un liberal afín al oficialismo, apuntó a Itapúa. Horas antes, el diputado Héctor "Bocha" Figueredo había pedido sacarle el programa a Norma Zárate, gobernadora de Paraguarí.

Algunos proveedores están intensificando el lobby con el Gobierno nacional para que Peña se decante por la 'recentralización', pero otros están preocupados por los contratos en juego, como ocurre en Alto Paraná, donde su ingreso a la 'lista negra' de Beto deja los compromisos en un limbo

"Vaticinaba que íbamos a tener virreyes y señores feudales. No solo tengo denuncias de ella (Liz Meza), sino también de otros gobernadores. Po pohýi lo mitã (mano pesada tienen los muchachos). Como medida solicité la modificación de la ley, específicamente del artículo 9 del programa Hambre Cero. Planteamos incluir bajo este mismo régimen a Asunción, Presidente Hayes, Central y al Gobierno de Concepción, para que sean dirigidos por el Ministerio de Desarrollo Social", desafió el senador por Caaguazú.

Tadeo Rojas.

En la mira, de acuerdo con sectores empresariales, también está tomar distancia del poder político otros departamentos. La propuesta avanza bajo supervisión de Peña, quien de la mano del ministro Tadeo Rojas, está al tanto de la situación. Durante el año pasado se ampliaron los sistemas de control y se reforzó la intervención de la Contraloría, un aspecto que esgrimen los gobernadores.

Lizarella habría pactado con los Zacarías para sacarle Hambre Cero a Landy

"Esto está poniendo el riesgo el mayor plan social de la historia del Paraguay", dijo Sosa, luego de que Beto lo apuntara. Torres acusó al Congreso de "embarrar la cancha" y Zárate lamentó que sus compañeros de partido utilizaran el programa como garrote político. Pero el ruido en el Legislativo surtió efecto: la Contraloría anunció este viernes un examen de correspondencia para los 17 jefes departamentales. 

En esta guerra de todos contra todos, también quedó bajo presión la administración de Javier Pereira, quien no solo viene sumando un frente de conflicto con Dionisio y Basilio "Bachi" Núñez, titular del Congreso, sino también con distintos sectores políticos regionales, ante el avance de su poder territorial y su proyección hacia las presidenciales. Es la misma situación que atraviesan otros de sus colegas, cuya conducción es vista con desconfianza desde el Parlamento.