El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se despegó de la mansión del presidente Santiago Peña en un barrio cerrado de San Bernardino y dejó en claro que la habilitación es una competencia del municipio, y no de la cartera que dirige Rolando de Barros. El rol del Mades es clave porque la casa del mandatario se emplaza en un área silvestre protegida y, por lo tanto, requiere de una licencia ambiental.

Según ABC, que reveló la existencia de la casa de descanso de Peña en enero pasado, el Mades apuró los trámites de habilitación a finales de ese mismo mes, cuando el inmueble ya estaba construido. Es decir, el predio donde se erige el barrio de Ciervo Cuá, y por ende la mansión del presidente, no contaba con la Declaración de Impacto Ambiental (DAI), como establece la ley de evaluación de impacto ambiental, al momento de comenzar las obras.

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"La ley es clara: se debe contar con una declaración de impacto ambiental para tener autorización en otros estamentos. Pero la declaración no es una autorización. La municipalidad es la que habilita o no la construcción, nosotros solo somos una medida que se debe tener en cuenta", aseguró Christian Ferrer, director de Control de Calidad Ambiental y Recursos Naturales del Mades, en alusión al gobierno comunal.

El presidente Santiago Peña.

"Si el municipio dio la autorización (para la construcción) antes o después, se escapa del Ministerio", continuó el funcionario. La DAI empezó a tramitarse en 2023, cuando Peña aún no había jurado en el cargo, pero finalizó recién a principios de año, una vez que se conoció la existencia de la casa de verano, valuada en USD 2 millones. De esta forma, el Mades le endilgó la responsabilidad al intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz.

Ruiz Díaz, acusado por la oposición local de irregularidades administrativas -obras fantasma y sobrefacturación-, se alineó con Peña, aunque nunca se pronunció en público sobre la habilitación para la construcción de la mansión presidencial. Quien sí lo hizo fue el propio mandatario, que no dudó en vincular la polémica a una "discusión de los grupos de poder".

La declaración no es una autorización. La municipalidad es la que habilita o no la construcción, nosotros solo somos una medida que se debe tener en cuenta

"Hay una discusión de un sistema económico que ha sido muy exitoso durante 50 años, que a ellos sí les ha permitido ser exitosos (Grupo ABC) ¿A costa de qué? De pagar salarios miserables a muchos funcionarios y echando a trabajadores de prensa como estamos viendo hoy. A mí me pueden atacar, yo me involucré en política para transformar el Paraguay", disparó en enero, cuando la guerra con el Grupo Zuccolillo comenzaba a recrudecerse. 

Fue primicia de LPO: licitarán la duplicación de la ruta Luque-San Ber bajo la modalidad APP

Tres días más tarde, LPO adelantó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) buscaba ampliar la ruta Luque-San Bernardino mediante la nueva ley de Alianza Público Privada (APP): coincidentemente, el tramo conecta a la mansión del presidente en la ciudad veraniega del departamento de Cordillera.