El presidente Santiago Peña firmó, a escondidas, el veto al proyecto de ley que creaba juzgados y tribunales especializados en la familia, y con ello abrió un nuevo frente de conflicto con el bloque más radical del cartismo. El rechazo del Ejecutivo, avalado por la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, se interpreta como un gesto de "sensatez" y enfrenta al sector más conservador de su movimiento.

La propuesta de la senadora Lilian Samaniego había sido trabajada con organizaciones civiles y organismos internacionales, y hablaba específicamente de crear tribunales que abordaran los casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género. Sin embargo, los diputados y senadores del cartismo duro introdujeron modificaciones para que la ley priorizara juzgados "de la familia", lo que fue leído como un intento de diluir el enfoque del proyecto.

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Desde ese sector se acusó incluso a Samaniego de responder a intereses de ONG que, según denunciaron, la habrían financiado para lograr la aprobación del texto original. Peña ya había anticipado meses atrás que vetaría el proyecto tal como fue sancionado en ambas cámaras, y la reacción no se hizo esperar.

Cynthia Figueredo, ministra de la Mujer. 

El senador Gustavo Leite, uno de los referentes del ala conservadora de Honor Colorado, había recordado que la versión que respaldaban contaba con el apoyo de 14 legisladores y afirmó que el Ministerio de la Familia "tarde o temprano será una realidad". Aunque había prometido respetar la decisión del Ejecutivo, Leite advirtió que el proyecto será retomado cuando Peña ya no esté en el Palacio de López.

"La guerra de los 100 años duró 116 años. Si esta lucha lleva tiempo, que lo lleve. No hay problema en pensar diferente", remarcó Leite, en un mensaje directo a la postura del Gobierno. El legislador es uno de los impulsores de una agenda ultraconservadora en el Congreso.

Los diputados y senadores del cartismo duro introdujeron modificaciones para que la ley priorizara juzgados "de la familia", lo que fue leído como un intento de diluir el enfoque del proyecto

Desde el Ejecutivo, Figueredo pidió que se respetara el espíritu del proyecto original. La ministra aseguró que la propuesta que ella acompañó fue fruto de un proceso riguroso, con amplio consenso y orientado a responder al colapso del sistema judicial en materia de violencia de género. También reiteró que con la redacción modificada por Diputados se perdía el enfoque específico y urgente que requiere la protección de las mujeres.

La senadora Lilian Samaniego.

LPOLeonor De Blas

Samaniego, que se mantiene firme contra el oficialismo, había advertido que el desvío del proyecto original atentaba contra los compromisos asumidos por Paraguay en materia de derechos humanos. Su propuesta inicial contaba con el respaldo de sectores sociales, jurídicos y feministas, que celebran el veto presidencial.

Las dos caras de Peña

El Congreso deberá ahora definir si acepta el veto del Ejecutivo o se ratifica en el texto sancionado. El trámite requerirá nuevas votaciones en ambas cámaras y podría reavivar diferencias ideológicas dentro de la ANR. Con esta decisión, Peña marca distancia con los sectores más ideologizados de su partido y reafirma una línea institucional más moderada, pero al costo de enfrentar a un grupo de senadores que no oculta su incomodidad.