El Senado tratará mañana miércoles en sesión extraordinaria la destitución, vÃa pérdida de investidura, de Kattya González, una de las figuras más importantes de la oposición y la senadora de la oposición con más votos en las últimas elecciones.
La pérdida de investidura está prevista en el artÃculo 201 de la Constitución de 1992 y ahora vuelve a estar en discusión por su alcance y sobre todo por los requisitos para llevarla adelante.
El caso más resonante fue la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en junio de 2012, con el voto de 39 senadores a favor y solo 4 en contra. En juicio exprés y con garantÃas cuestionables, colorados y liberales -hasta entonces aliados de Lugo- se unieron y le endilgaron al mandatario los 17 muertos de la masacre de Curuguaty, donde la policÃa reprimió a campesinos sin tierra. Lugo tuvo apenas 48 horas para preparar su defensa y se convirtió en el primer presidente, y el único hasta el momento, en ser destituido por el Congreso.
En 2017, 25 años después de la promulgación de la Constitución, este mecanismo dejó fuera del Senado al todopoderoso Óscar González Daher, quien habÃa sido salpicado por la publicación de los denominados audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde se lo escuchaba direccionar, junto a jueces, fiscales, polÃticos y abogados, causas a su conveniencia mediante el "apriete".
Por tratarse de revelaciones tan contundentes, que además desnudaban la forma en la que el dirigente luqueño torcÃa la justicia a su antojo, con 30 votos a favor, la Cámara de Senadores destituyó a González Daher, convirtiéndolo en el primero de una serie de legisladores que fueron expulsados por esta vÃa.
El siguiente caso, el también colorado cartista VÃctor Bogado, tampoco tuvo muchas objeciones, salvo la del propio expulsado, que tuvo menos apoyo que González Daher, recibiendo el voto negativo de 35 senadores, tras haber sido condenado por un tribunal penal que lo encontró culpable del caso conocido popularmente como el de la "niñera de oro", en el que Bogado utilizó su calidad de parlamentario para contratar a una funcionaria para cuidar a un hijo suyo a sueldo del Congreso.
El tercer expulsado es justamente el hoy senador Dionisio Amarilla, destituido en 2019 luego de que se hiciera pública su participación en una operación para frenar publicaciones periodÃsticas contra una licitación millonaria en el Instituto de Previsión Social. Pese a las evidencias del caso, la sesión de su retiro duró más de siete horas, en la que el legislador del PLRA intentó postergar la decisión por ocho dÃas para ejercer su defensa, lo que fue rechazado. Por 31 votos a favor de su salida, 9 votos en contra y solo 2 abstenciones y 2 ausentes, se convirtió en el primer legislador no colorado en ser destituido por jucio polÃtico.
Una de las destituciones más controvertidas, hasta ahora, fue la del exsenador y excandidato a la presidencia de la República, Payo Cubas, cuya destitución en noviembre de 2019 estuvo cimentada en sus exabruptos violentos en contra de sus pares y otras autoridades, en una interpretación bastante extensa de la causal de "uso indebido de influencias" que requiere la Constitución.
Con apenas 23 votos por la destitución, solo 1 en contra y 3 abstenciones, Payo fue sacado, pese a la ausencia de 18 de sus colegas. Per la salida del Senado catapultó su postulación a las generales de abril pasado, en las que terminó en el tercer lugar.
Posteriormente, MarÃa Eugenia Bajac del PLRA, también fue destituida por 40 votos luego de que se demostrara que la entonces senadora habÃa pedido permiso, viático y pasajes para un viaje oficial que nunca realizó, además de usar bienes públicos de la embajada paraguaya en Lima, donde realizaba un viaje particular.
Kattya González, en caso de concretarse su destitución, se convertirÃa en la sexta senadora que pierde el cargo al que accedió por el voto popular de más de 100 mil electores, y probablemente en el más cuestionable, por los motivos por los que se realiza.
Para el doctor Luis Lezcano Claude, exministro de la Corte Suprema de Justicia y docente de Derecho Constitucional, el principal factor que permite la arbitrariedad de la aplicación de esta figura constitucional está en una "forzada interpretación" al otorgarle al Poder Legislativo la aplicación del artÃculo 201, cuando según él, deberÃa ser facultad del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
"Es por eso que el artÃculo no establece mayorÃa. Es absurdo pensar que por mayorÃa simple se tiene que resolver una cosa tan importante como esa. La suspensión hasta por 60 dÃas sin goce de dieta exige una mayorÃa calificada. Además, el artÃculo 273 establece que la Justicia Electoral tiene competencia exclusiva respecto de los tÃtulos de quienes resulten elegidos", explicó.
El jurista dijo que resulta demasiado claro que este sometimiento del mandato de los legisladores a la volatilidad de las mayorÃas coyunturales resulta un peligro para la vigencia de la democracia, y señaló que un juicio jurisdiccional ante un tribunal electoral que permita además la posibilidad de recurrir ante el TSJE y posteriormente ante la Corte mediante una inconstitucionalidad darÃa otro sentido a la figura.
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