El Índice Global de Crimen Organizado ubica a Paraguay como el cuarto país donde más ha penetrado el narco de los 193 que integran la ONU. El dato no es llamativo porque la política criminal no está dirigida a combatir este flajelo, dijo a LPO Diana Vargas, abogada especializada en derechos humanos y exmiembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La estrategia del gobierno, en cambio, se dirige a los adictos y no a los traficantes.
La analista aseguró que la administración de Santiago Peña es consciente del avance del crimen organizado y, de hecho, una de las principales propuestas de campaña fue "Chau Chespi", que presentó durante las elecciones y hasta el momento no termina de estructurar con las diferentes áreas del gobierno.
Además, Vargas señaló que el liderazgo del Ministerio del Interior, a cargo de Enrique Riera, y la exclusión de otras instituciones -o haberlas puesto en segundo plano- demuestra que la iniciativa prioriza únicamente combatir lo más superficial del problema de inseguridad: el microtráfico.
Mientras que el crimen organizado que se teje detrás no aparece en la agenda del Ejecutivo. El Grupo Lince es el caballo de batalla del gobierno para el combate a la inseguridad urbana y el microtráfico.
Pero la calificación del Índice Global del Crimen Organizado deja al gobierno en una posición incómoda. Paraguay queda posicionado por debajo de Myanmar, país que sufre un enfrentamiento armado interno, Colombia y México, golpeados por el narcotráfico. Por su ubicación geográfica, el problema del narco afecta a los países vecinos y genera alarma en sus gobiernos, como expuso la asistencia de Brasil al Ejecutivo de Peña.
Peña retomó el Grupo Lince que su jefe político, Horacio Cartes, creó durante su mandato, pese a que fue objeto tanto de halagos como de críticas. Según datos recopilados por Vargas, desde su creación, el Grupo Lince incautó artículos que distan de ser parte del equipamiento de grupos criminales urbanos dedicados al robo o venta de drogas. Entre ellos encontraron hasta panificados, botellas, armas de juguete y otros elementos poco importantes para enfrentar el problema.
Otra herramienta reforzada por Peña, aclaró la experta, es "la ampliación de la zona de influencia militar, posible gracias a la modificación de Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, promovida al inicio de la administración Cartes para acabar con el crimen organizado en el norte, con la participación a las Fuerzas Armadas".
En ese punto, Vargas dijo que la militarización del norte no solo no ha dado resultados, sino que además es costosa y apenas condice con las urgencias que tienen las comunidades de esas zonas en materia social. Tampoco impactan en los hechos punibles que les afectan.
La Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por las FFAA, la Policía Nacional y agentes de la SENAD, fue creada en 2013 con la misión de luchar contra el EPP y recuperar a sus víctimas, pero nada de eso ocurrió en estos diez años de existencia de la unidad.
Los datos proporcionados por Vargas, a partir de información emanada del Ministerio Público en su informe de gestión del 2022, indican que los delitos más denunciados en los departamentos afectados por la ley de Defensa Nacional tienen que ver con robos, hurtos y principalmente violencia intrafamiliar.
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